La renovación de la izquierda en mi opinión debe partir de dos elecciones estratégicas. Hay que optar por los intereses de mayoría trabajadora y no pretender representar o defender las demandas de toda la sociedad. En segundo lugar tenemos que ser capaces de integrar la gran diversidad de las múltiples minorías oprimidas y/o marginadas (diversidad sexual, inmigrantes, minorías étnicas, feminismo…etc.). En otras palabras gobernar y transformar para una mayoría entendida como la suma de múltiples minorías, con una única excepción, las minorías de la clases dominantes.
La socialdemocracia española en los últimos 35 años, no así la de los países nórdicos o de Centroeuropa con un mayor “sentido de clase obrera”, ha tenido una obsesión de querer gobernar para todos y sobre todo contentar a todos, desdibujando para ello el perfil transformador y progresista de sus propuestas. Es cierto que el proceso de transición política en nuestro país ha sido muy complejo y requería una cultura de pactos muy amplios, pero a partir de la mitad de los años 80 era necesario avanzar en gobernar desde la izquierda, sin olvidar el centro, pero desde la izquierda. Igual que la derecha ha gobernado y gobierna desde posiciones inequívocamente de derecha, aunque realice gestos hacia el centro.
El PSOE ha gobernado desde el centro con guiños a la izquierda y a la derecha. En una dinámica de polarización política, azuzada inteligentemente por la derecha y sus diversos instrumentos de poder e influencia, esa vía tiene cada vez mayores dificultades de éxito. Defender los intereses de la mayoría y de las múltiples minorías, supone que con frecuencia hay que reducir o lesionar los intereses de las clases dominantes, sin provocar innecesariamente, sin nocturnidad y con transparencia, pedagogía y buena comunicación. Optar por las clases trabajadoras y por las minorías oprimidas y/o marginadas, requiere en primer lugar trazar una amplia y estable política de alianzas, en primer lugar con los sindicatos (que no quiere decir ser una mera correa de transmisión de las reivindicaciones de los mismos), con los movimientos sociales, las ONGS solidarias, los movimientos de base católicos, las organizaciones de profesionales de la política social, de la cultura, de la educación, etc.
En segundo lugar tener un modelo de desarrollo económico y social sostenible, que sin obviar los condicionamientos de la globalización y de la integración en la Unión Europea, tenga como objetivos centrales la consolidación del Estado de Bienestar Social, el protagonismo de los servicios públicos, la erradicación de la violencia de genero, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la efectiva igualdad de oportunidades en un sistema educativo de calidad, la igualdad de hombres y mujeres en las condiciones de trabajo y la compatibilidad de la vida laboral y familiar, el acceso a la vivienda en alquiler, el pleno respeto de los derechos de las diversas opciones sexuales, la integración de los inmigrantes, la promoción de las cultura, la cooperación activa al desarrollo de los países del tercer mundo, la plena separación de Iglesia y Estado sin caer en demagogias anticlericales pero sin ceder en la concepción laica de la vida publica..
Políticas económicas y sociales que solo pueden estar sustentadas en un sistema fiscal progresivo, que combata con eficacia el fraude fiscal y la economía sumergida, que impida el trato privilegiado de las grandes fortunas y evite las practicas de ingeniería financiera para eludir la presión fiscal. Un desarrollo económico compatible con el respeto al medio ambiente, con la utilización creciente de las energías renovables y con el mantenimiento de la calidad de vida en el ámbito rural. Apoyar la competitividad de las empresas españolas a través del impulso publico y privado de la I+D+I, la adecuada formación de los trabajadores, el empleo estable y el respaldo publico al comercio exterior.
Una alternativa progresista requiere unas formas de gobierno y de relación con los ciudadanos profundamente transparente, cercana y participativa. Que sea implacable con la corrupción y que este basada en un sistema electoral estrictamente proporcional. La efectiva compatibilidad entre el respeto de la descentralización de las competencias del Estado autonómico y la igualdad de todos las personas, vivan donde vivan.
Todo lo anterior no es nada radical ni mucho menos original. Es un mero programa reformista en la mejor tradición socialdemócrata y eurocomunista. Eso sí hay que tener una cosa clara: nunca va a satisfacer a la derecha política, ni al poder financiero, ni a los altos ejecutivos empresariales, ni a los medios de comunicación conservadores o populistas, ni a las grandes fortunas, ni a la Conferencia episcopal, ni a la derecha judicial, ni a la CEOE, ni desde luego al Banco Central Europeo, al FMI, a la Comisión Europea y a buena parte de los gobiernos europeos. Es un programa posible, aunque difícil de llevar adelante con la mera aritmética parlamentaria. Es imprescindible un amplio respaldo social, sustentado en una sólida política de alianzas y en la recuperación de la hegemonía ideológica de las ideas progresistas. Y por supuesto no dejar la calle en manos de la derecha y de sus apoyos.
El inmediato Congreso del PSOE debería ser el arranque de ese camino, aunque es muy posible que sea una ocasión perdida.
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