En las últimas semanas ha habido un
goteo de noticias en los medios de comunicación
que han quedado en un segundo plano, mas entretenidos como están muchos
con el supuesto radicalismo de Pedro Sánchez, las impresentables meteduras de
pata de algunos nuevos responsables municipales, los nervios con el hipotético
cambio de gobierno de Rajoy o el divorcio de CIU.
Me refiero a la publicación de diversos
informes sobre la evolución de la pobreza y la desigualdad en nuestro país,
todos ellos elaborados por instituciones públicas, españolas o internacionales,
nada sospechosas de izquierdismo. Y todos ellos van en la misma dirección: el
riesgo de pobreza sigue creciendo, los ricos siguen aumentando, los beneficios
de muchas grandes empresas se multiplican y en definitiva la desigualdad nos
coloca a España entre los peores países desarrollados. Y Artur Mas se extraña
de que la ciudadanía catalana, que creía tener controlada, no voten a un perfecto triunfador de la burguesía
catalana, como es Xavier Trias y lo hagan a una joven que viene de sectores
populares humildes como es Ada Colau.
Las políticas económicas y sociales
seguidas durante la crisis han acentuado una realidad que nos ha venido
caracterizando en las dos últimas décadas. Y ahora, con los nuevos gobiernos autonómicos
y municipales, es un buen momento para cambiar la situación, dando el máximo
protagonismo a las políticas que frenen y reviertan el crecimiento de la
desigualdad. Es verdad que resulta urgente actuar contra algunas de las
consecuencias más dolorosas de la crisis, como es la desnutrición infantil o
los desahucios, que no pueden esperar. Pero hay que atajar las causas de la
desigualdad y no solo ni preferentemente los efectos.
En una sociedad como la nuestra el
factor determinante de la desigualdad esta vinculado a la inserción educativa,
en el tipo, duración y calidad de la educación recibida. Todos los indicadores
confirman la relación entre paro, precariedad, pobreza, exclusión etc. y
carencias educativas. Es cierto que hoy tener una carrera universitaria, saber
idiomas, dominar las nuevas tecnologías informáticas, etc., no es una garantía
para encontrar trabajo o al menos trabajo digno, como lo prueban los cientos de
miles de jóvenes españoles que han tenido que abandonar el país, entre ellos mi
hijo mayor. Pero aun y así, dentro y fuera de España, una educación de calidad
es lo que mas favorece la integración social y económica.
Los enormes avances en la universalización
y mejora de nuestro sistema educativo en los años 80, a través de la LOGSE y
otras normas aprobadas en las primeras legislaturas socialistas, quedaron después
a medio camino porque los neoliberales de los gobiernos del PSOE no quisieron
dotarlas de la suficiencia presupuestaria necesaria para su adecuado
desarrollo. Los dos gobiernos de Aznar y los dos de Zapatero tampoco dieron la
necesaria prioridad al impulso del sistema educativo y no digamos al ambito
público. Y la puntilla se la ha dado el ministro Wert, en compañía de los
gobiernos autonómicos del PP.
Si la educación ha sido el primer motor
de igualdad, junto con las políticas fiscales, como bien supieron ver los
gobiernos socialdemócratas del norte y centro de Europa que en la mitad del
siglo XX construyeron el Estado de Bienestar Social, hoy todavía lo es más. La sociedad
del conocimiento, el mundo globalizado, va a ser implacable con los que no
accedan a una educación innovadora, de
calidad, en continuo proceso de actualización. Los marginados de esas
condiciones educativas, van a ser, son ya, el infraproletariado de nuestro
tiempo.
Los gobiernos autonómicos, que son los
que tienen la competencia directa de la gestión educativa, deben dar la máxima
prioridad a la inversión educativa, a la garantía de la universalización de la
calidad pública y además desde los 0 años. Hay que invertir en la formación
profesional y en especial en la dual, retomando y multiplicando el esfuerzo que
en la FP se hizo en los años 80. Hay que mejorar las dotaciones materiales y de
personal de los centros públicos. Hay que frenar el abandono o el fracaso
escolar dotando a los centros públicos de suficientes y adecuados equipos
profesionales de apoyo. Hay que avanzar intensamente en el bilingüismo. Hay que
vincular el diseño de las carreras universitarias y de la formación profesional
a las necesidades del modelo productivo que queremos para España.
Todo esto, evidentemente, cuesta dinero,
es caro. Por ello es una barbaridad que haya caído el gasto público educativo y
que se siga defendiendo, incluso en sectores de la izquierda, la reducción de
la presión fiscal.
Los nuevos gobiernos autonómicos
progresistas tienen que marcar desde el principio que esta va a ser su
prioridad al menos en esta legislatura. Y en aquellas Autonomías en las que la
izquierda esté en la oposición, ese debe ser el eje de sus exigencias.
Los ayuntamientos también pueden y deben
jugar un papel de apoyo en la mejora del sistema educativo público, en las
condiciones materiales en que este se desarrolla e incluso en personal de
apoyo.
No podemos olvidar que en la crisis, al
menos en España, el mayor deterioro de las políticas de bienestar social, ha
sido precisamente en el sistema educativo.
La lucha contra la pobreza, la exclusión
y la desigualdad es un camino difícil y sobre todo largo. No podemos olvidar
que en España, incluso en el periodo de gran crecimiento económico, 1996-2007,
las tasas de riesgo de pobreza nunca bajaron del 18% de la población. De ahí la
prioridad política que hay que darle a la revolución educativa que debemos
abanderar las fuerzas progresistas. Si lo conseguimos, empezaremos notar los
primeros resultados en la próxima década y sobre todo en la década de los años
30. Es una opción estratégica de nuestro país, para lo que necesitamos,
obviamente, un gobierno de progreso también en el Estado.
Y un último apunte. La apuesta por la revolución
educativa, es el mejor instrumento para reconciliar a los jóvenes con el
sistema democrático. La inmensa mayoría de los jóvenes ven como algo ajeno o
muy lejano, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema público de pensiones y no
digamos el Sistema de Atención a la Dependencia. Muchos jóvenes piensan, y no
les falta razón, que el Estado de Bienestar Social solo se ocupa de las personas
mayores, de los viejos y mientras, ellos tienen que sufrir las consecuencias de
las carencias de nuestro sistema educativo. Invertir más y mejor en la
educación pública, seguro que tendrá efectos muy positivos en esa legitimación
de los jóvenes del sistema democrático.
