martes, 22 de septiembre de 2015

ELECCIONES EN CATALUÑA: EL DIA 28 HAY QUE NEGOCIAR


Los resultados de las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña van a requerir la apertura de un proceso de reformas y negociación, tanto si ganan como si pierden los partidarios de la lista “Junts per el sí”. Caben algunas consideraciones al respecto de cara al día después de las elecciones.

La primera es reiterar la evidencia de que la sociedad catalana es muy plural y nadie podrá imponer opciones políticas frente a una mitad o incluso a un tercio la población. Sería una situación ingobernable, una fuente sistemática de conflicto social y la legitimidad de quien lo hiciera estaría totalmente cuestionada.

El segundo elemento a tener en cuenta es que una sociedad democrática no se puede saltar las reglas de juego que ella misma se ha dado, lo contrario sería o golpismo o una ruptura revolucionaria. No creo que ninguna de esas dos vías sean asumidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana ni del resto de España. En este sentido afortunadamente la Constitución de 1978, una de las mas democráticas del mundo y que fue votada masivamente en Cataluña, contempla mecanismos legales para su reforma y por tanto para cambiar el ordenamiento jurídico vigente desde 1978, sin límite alguno. Otra cosa es que no se quieran utilizar.

En tercer lugar, quienes no quieren o no saben abrir un proceso de negociación real, deben tener muy presente que las instituciones del Estado, desde el Rey Felipe VI hacia abajo, serán considerados con creciente hostilidad por buena parte de la población catalana si se encuentran con una pared como interlocutor de sus demandas.  Y por otra parte, Artur Mas y sus socios independentistas, si inician un proceso de ruptura deben ser conscientes que las instituciones del Estado no pueden permanecer impasibles ante un desafío sin sustento legal, pues de lo contrario este no sería un Estado de Derecho sino una republica bananera sin ninguna autoridad democrática ni dentro ni fuera de España.

Por ultimo, cuanto más tiempo pase sin abordar un proceso de negociación por unos y cuantas mas medidas unilaterales se tomen por otros, mayores serán las dificultades para cambiar las dinámicas intransigentes y mas profundos serán los resquemores en la gente.

En otras palabras, si ganan los independentistas, Artur Mas, tendrá que contar con que seguramente casi la mitad de los votantes lo han hecho por otras opciones, aparte de los muchos cientos de miles que se hayan abstenido. Y aunque el gobierno que forme tenga pleno sustento legal para gobernar en base a una mayoría absoluta, la legitimidad que se necesita para dar un paso tan trascendental y difícilmente reversible como es un proceso que desemboque en la independencia, no es ni mucho menos el conseguir el 51% o el 55% de los diputados o incluso de los votantes.

Y si pierden los independentistas, estos no van a desaparecer por arte de magia, así que nadie y menos que nadie el gobierno se debería frotar las manos y dar por zanjado el tema. Habrá que buscar las formas para que la mayoría de ellos se sientan razonablemente bien conviviendo con el resto de España.

Por tanto no cabe otra que negociar.

Vivimos en un continente cuya historia ha esta marcada durante siglos y siglos por guerras, matanzas, persecuciones, invasiones, desplazamientos de población, cambios de fronteras una y otra vez, etc. etc., pero la democracia ha traído como una de sus mayores virtudes la negociación. Francia y Alemania son un ejemplo elocuente de cómo diferencias que parecían insalvables, asentadas en un mar de sangre, dieron paso al reencuentro entre estos dos  hoy firmes amigos y aliados. Por no hablar de la recuperación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y mucho menos aun del proceso de pacificación en Irlanda del Norte. 

¿Acaso es más difícil un proceso de negociación entre una parte de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española?, cuando además todas las encuestas hablan de voluntad del pueblo catalán de llegar a soluciones negociadas.

No es una cuestión de mero voluntarismo bien intencionado. A la postre se reduce a tres o cuatro temas muy importantes y complejos pero no imposibles: el reconocimiento constitucional de la condición de nación y algunos aspectos inherentes en materia de lengua, cultura, simbología; el buscar una formula de financiación que sea mínimamente satisfactoria para la sociedad catalana, que no suponga una carga para el resto de España y que puede afrontarse con un periodo transitorio razonable. Una tercera cuestión es la reforma del Senado, como Cámara exclusivamente autonómica, ese cuento de nunca acabar, que todos los gobiernos prometen y ninguna acomete. Y por ultimo un tema que puede parecer secundario, pero que en mi opinión no lo es, como cambiar la configuración del Tribunal Constitucional, que en los últimos quince años ha sido utilizado a menudo como instrumento político contra algunas políticas autonómicas.

Lo más difícil es cambiar el chip mental. Y pongo un ejemplo muy sencillo y a la vez significativo ¿Por qué no van a poder hablar en su idioma natal los diputados de las Cortes españolas que así lo quieran? ¿A quien le puede hacer daño? ¿Por qué se mantiene esa ridícula prohibición?

En definitiva tenemos que asumir la pluralidad nacional con todas sus consecuencias trascendentales y también las cotidianas.

Es cierto que no es un camino fácil, pero mucho más difícil fue la transición y salio adelante con éxito, claro que los políticos de entonces tenían otra talla.

En todo caso lo sensato sería que en la semana siguiente a las elecciones hubiera un debate en las Cortes Generales sobre como abordar el proceso negociador. Aunque mucho me temo que seguramente tendremos que esperar a las elecciones generales del próximo diciembre, a ver si conseguimos un gobierno que se tome en serio la solución del conflicto social en Cataluña con autentica disposición negociadora, que si bien en el peor de los casos no consiguiera llegar a acuerdos por las posiciones intransigentes de Mas y su equipo, podría reducir sustancialmente sus apoyos en Cataluña y con el tiempo cambiar la dinámica de crecimiento del sentimiento independentista.



jueves, 10 de septiembre de 2015

ACOGIDA A REFUGIADOS: ORGANIZAR BIEN EL PROGRAMA Y NO HACER CHAPUZAS



A la hora de que España organice la acogida de refugiados, siguiendo los acuerdos de la Unión Europea de acogida de refugiados, hay que intentar aclarar algunas cuestiones que los medios de comunicación o los gobiernos están manejando de forma confusa.

El derecho nacional  y el internacional distingue entre inmigrantes económicos (personas que huyen de un país ante la falta de posibilidades de tener unas condiciones de vida mínimamente dignas), desplazados (personas, por lo general familias enteras, que abandonan su hábitat de origen por razones de una catástrofe natural, una guerra, un conflicto armado o incluso una hambruna o una pandemia sanitaria de graves dimensiones, pero con la voluntad de volver si desaparecen o se resuelven las causas que les hicieron marcharse) y los refugiados (personas que de manera concreta  sufren persecución o tienen claros riesgos de padecerla por motivos políticos, étnicos, religiosos o de orientación sexual y que por lo tanto requieren una protección especial, reforzada y duradera).

Aunque a menudo no es fácil discernir cada caso personal o familiar, la avalancha que está llegando a las fronteras de la Unión Europea mayoritariamente son desplazados e inmigrantes económicos y tan solo una pequeña minoría podrían ser considerados refugiados en sentido estricto. Aunque por supuesto todos estén sumidos en una grave situación y necesiten apoyo, las medidas no pueden ser iguales.

Esta diferenciación que a primera vista podría ser considerada una disquisición meramente jurídica y hasta interpretarse como poco solidaria, tiene enorme importancia a la hora de establecer la respuesta adecuada. Los inmigrantes económicos deben tener el tratamiento que la legislación de la Unión Europea y cada país en particular establece, teniendo muy en cuenta la situación económica, social y los niveles de paro nacional existentes en cada estado. No pueden hacer lo mismo Alemania y los Países Nórdicos que los países mediterráneos y en especial España y Grecia.

Los desplazados, deberían ser atendidos preferentemente en lugares lo más próximos posibles a su lugar de origen, dado el carácter que se supone temporal de la causa del desplazamiento. No es un tema fácil, ya que existe el evidente riesgo de crear inmensos “campamentos-ghettos”, de difícil administración y gestión, muy costosos de mantener si se quiere que reúnan condiciones dignas de habitabilidad, con dificultades de adecuada atención a niños, ancianos y enfermos y con frecuentes problemas de convivencia, sobre todo si se prolonga la permanencia y acogen a decenas o centenares de miles de personas.

Los ejemplos de los palestinos o de los campamentos con desplazados en diversos lugares de África son claros “contraejemplos” de lo que debe ser un campamento de acogida de desplazados. Al final, si el campamento se cronifica, hay que contar con que buena parte de los desplazados se transforman en inmigrantes económicos.

Si de lo que se trata es de acogida a refugiados, hay que tener presente que la legislación nacional y las disposiciones internacionales establecen que no hay que limitarse a dejarles entrar y atenderles unas semanas o unos pocos meses. La política de refugio conlleva, aparte de la atención básica (alojamiento, alimentación, vestido, atención sanitaria), el propiciar la integración a medio plazo en el país, mediante la enseñanza del idioma, la inserción laboral y en su caso la formación profesional, el acceso a una vivienda, todo ello de forma directa o bien con adecuadas ayudas económicas.

En definitiva el status jurídico de refugiado implica unos derechos reforzados, tanto en España como en la Unión Europea y en general en los estados democráticos y no solo una mera acogida humanitaria.

La Administración del Estado en España dispone de 4, he dicho bien, 4, Centros de atención a Refugiados (C.A.R.), que en su día puso en marcha y gestionó el INSERSO y que hoy dependen de la Dirección General de Migraciones, con un número de plazas en torno a 500 y que siempre suelen estar ocupadas. Hay también plazas subvencionadas o concertadas con ONGs especializadas, que pueden llegar a otra cifra similar. Y en casos excepcionales se han utilizado temporalmente algunos hoteles de modesta calidad. Alguna Comunidad Autónoma cuenta también con algunos centros y plazas que en alguna ocasión se han utilizado para acogida de refugiados, pero que en general no están especializados para una adecuada atención. Y eso es todo. Por eso el gobierno ante las demandas de la Unión Europea, no sabe muy bien qué  hacer, más allá de aprobar un crédito extraordinario de 200 millones de euros, que es un buen paso pero a todas luces insuficiente.

Tuve la ocasión de estar al frente del INSERSO cuando las operaciones de acogida a refugiados bosnios y kosovares en la década de los 90. Eran cifras mucho mas reducidas y aun y así tuvimos serios problemas para afrontar la acogida a estos refugiados, empezando por la poca sensibilidad, tanto del Ministro de Hacienda del PSOE como después del PP, para disponer de una financiación extraordinaria adecuada. Como en tantas ocasiones Cruz Roja, CEAR y ACNUR, entre otras, echaron muchas manos para facilitar la atención.

Al igual que ahora, unas decenas de Ayuntamientos y  algunas entidades sociales o religiosas se ofrecieron a acoger a refugiados y lo hicieron y fueron muy importantes para atender la demanda inmediata de sacar urgentemente a la gente de donde estaban con grave riesgo de su vida. Pero a los muy pocos meses, estaban agobiados y empezaron a decir que ya no podían seguir atendiéndoles y nos los iban pasando a la Administración General del Estado.

Hay otro elemento a tener muy en cuenta. Los CAR y los profesionales del INSERSO y de las ONGs especializadas, estaban acostumbrados a atender a refugiados procedentes sobre todo de las dictaduras aun existentes entonces en Latinoamérica, algunos procedentes de Cuba, algunos de Irán, Irak o Argelia; la mayoría de ellos eran cuadros políticos, con un nivel cultural y profesional elevado, con gran capacidad personal para integrarse en la sociedad española y sin especiales problemas de convivencia entre ellos.

En el caso de los bosnios y kosovares, las cosas fueron muy distintas. Bastantes eran personas con una experiencia militar, en diversas modalidades de lucha armada, muchas de ellas con vivencias de tremendo dramatismo, con profundos traumas psicológicos, la mayoría  con unos hábitos culturales no aceptables (muy en especial el trato discriminatorio a las mujeres) y que hacía muy difícil la convivencia en los centros con choques entre diversas religiones y etnias. Todo ello requería un apoyo muy personalizado y especializado, que no siempre estuvimos en condiciones de dar, pero que los profesionales con gran esfuerzo y dedicación buscaron  afrontar de la mejor manera posible.

Tampoco hay que silenciar que hubo problemas complejos con refugiados con acusaciones de haber cometido delitos en la guerra, otros sobre los que la policía española y otros refugiados tenían serias sospechas de que pudieran ser agentes infiltrados para conocer y detectar a personas exiliadas, incluso hubo quienes estando en el programa de acogida se vincularon en España a redes mafiosas o delictivas.

El perfil de los refugiados que nos van a llegar tiene mucho más que ver con los bosnios y kosovares, que con los latinoamericanos. Incluso con mayor fragmentación ideológica, étnica y religiosa que aquellos.

Señalo todo ello, no para cuestionar una política solidaria de acogida a refugiados, sino para no caer en el voluntarismo sin más y conseguir las condiciones para que la atención sea digna y adecuada. No es suficiente con colocar carteles dándoles la bienvenida, desgraciadamente hay que poner muchos, costosos y especializados medios personales y materiales  para atenderlos. De esto tienen que ser conscientes los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, las ONGs y las entidades religiosas.

Organizar el programa de acogida pasa en primer lugar porque la Administración General del Estado facilite información lo más clara y concreta del perfil de quienes van a ser incluidos en el programa y cuales van a ser los tiempos de llegada. En segundo lugar, hay dejar  muy claro en una Comisión de Coordinación qué es lo que va a aportar cada Administración (financiación, centros o plazas y profesionales) y por cuánto tiempo y lo mismo en lo que se refiere a entidades sociales o religiosas. En tercer lugar, la Administración General del Estado tiene que reforzar de forma sustancial y urgente los medios personales y materiales para la tramitación de la solicitud individualizada de la condición de refugiado, para evitar, como viene siendo habitual, que se demore meses y meses.

Si no hay una organización y planificación detallada del programa de acogida, podrá convertirse en un desastre y en un serio problema a medio plazo. Estamos ante un tema complejo, sobre el que tenemos limitada experiencia y escasos medios y en el que sobran los gestos para la galería.







lunes, 7 de septiembre de 2015

GUERRAS Y CORRUPCION INTERMINABLES: REFUGIADOS E INMIGRANTES IMPARABLES




La Unión Europea está buscando a toda prisa algunos remedios para hacer frente a la presión de inmigrantes y refugiados que se viene produciendo en algunos de los países fronterizos. Pero en ningún momento, que sepamos, se han parado a debatir cuáles son las causas de esas avalanchas y cómo se podría intervenir sobre ellas para a medio y largo plazo ir reduciendo esa presencia de refugiados e inmigrantes. Que no haya habido todavía esa discusión resulta increíble, cuando llevamos mas de dos décadas inmersos en situaciones similares.

Los dos focos de desplazados son en la actualidad Oriente Próximo y el África subsahariana, que si bien obedecen a causas diferenciadas,  no son muy distintas: conflictos bélicos, corrupción, intereses económicos, dictaduras... Vamos por partes.

Frente a lo que muchos creen, el África subsahariana es una región con enormes riquezas naturales, con grandes posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social. Pero sus procesos de independencia después de la segunda guerra mundial, no significaron en casi ningún lado el acceso de sus pueblos al control, dominio y aprovechamiento de sus bienes. Las empresas multinacionales francesas, inglesas, belgas, alemanas, norteamericanas y ahora los chinos, han seguido con la explotación de esas riquezas naturales, incluyendo deforestaciones masivas, con el dominio de las industrias, del comercio, de las comunicaciones, de la construcción y con la escandalosa venta de armas.

Ello ha sido posible mediante la corrupción de sus gobernantes y elites dirigentes, sobornados abiertamente por las empresas y gobiernos occidentales. Se ha asesinado a dirigentes que pretendían un proceso de emancipación nacional, como fue el caso de Patricio Lumumba a principios de 1961; se ha apoyado a dictadores sangrientos que han acumulado grandes fortunas, que después se han protegido en Suiza y otros paraísos fiscales; se han fomentado guerras civiles, algunas de ellas durante décadas, armando sin el menor pudor a menudo a los dos o mas partes contendientes.

Ese es el balance del neocolonialismo occidental en África. Es lo que explica esas interminables mareas migratorias y que nos advierte de que no acabaran hasta que no termine la explotación neocolonial, el apoyo a los dictadores, el tráfico de armas y el fomento o tolerancia con las guerras civiles.

El segundo foco, en el Oriente Próximo, tiene dos claras raíces. El conflicto israelí-palestino y el apoyo a las dictaduras corruptas.

El incumplimiento por Israel y sus fieles aliados de las sucesivas decisiones de la ONU para la convivencia entre un Estado Palestino y el Estado de Israel, ha envenenado los sentimientos de millones de árabes, que no están dispuestos a asumir ese grave infracción del derecho internacional.

Es evidente que los palestinos y muchos de sus dirigentes, sobre todo en el pasado,  han cometido numerosas torpezas e incluso han fomentado o tolerado actividades terroristas, pero en la balanza lo que realmente se impone  es la agresividad sostenida del Estado de Israel desde 1948 y en especial a partir de la guerra de los seis días en 1967. Israel lleva más de 50 años haciendo la vida imposible a los palestinos, algo que repercute en el resto de la región y en la que tienen una primordial responsabilidad los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, que nunca se han atrevido, p.e., a ejercer la misma presión sobre Israel que sobre Cuba, siendo infinitamente más peligrosas y desestabilizadoras las consecuencias de la actitud de los gobiernos israelíes.

El segundo problema es la apuesta por las dictaduras árabes. El precio para no tener problemas con el acceso al petróleo o a zonas estratégicas en el marco de la guerra fría, como el Canal de Suez o las fronteras con la antigua Unión Soviética, ha sido derrocar o desestabilizar gobernantes nacionalistas moderadamente progresistas como Nasser en Egipto o Mossadegh en Irán o apoyando a dictaduras como la del Sha o como las familias reales de Arabia Saudí y los emiratos árabes. La violación de todos, absolutamente todos, los derechos humanos en Arabia o en los Emiratos no ha sido óbice para considerarlos aliados seguros. Y en lugar de fomentar, con el apoyo de la ONU, procesos de reforma democrática en países como Egipto, Siria, Libia, Irak, Irán o Afganistán, sin duda difíciles pero no imposibles, optaron por intervenciones militares, operaciones de la CIA, financiar y armar a grupos radicales violentos, prefiriendo  grupos fundamentalistas anticomunistas a grupos nacionalistas laicos.    

El resultado de todo ello es un Oriente Próximo ingobernable, que seguirá generando violencia, miseria, desesperación, terrorismo, fanatismo, oleadas de refugiados, que hoy proceden de Siria, Irak  o Libia, pero que en el futuro pueden venir de cualquier otro país de la zona.

La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China, tienen instrumentos políticos y económicos para en un medio plazo ayudar a cambiar la situación en África y en Oriente Próximo. Tienen que apostar por los sistemas  democráticos,  olvidarse de las actitudes y  prejuicios de la guerra fría y de la época colonial y desde luego poner coto  a la explotación sin límites de las multinacionales. Lo contrario es mantener la inevitable avalancha de inmigrantes y refugiados.


En ese marco, hay que recordar que España carece de una política y de unos medios adecuados en materia de atención a los refugiados, como incluso ha reconocido el gobierno del PP y como ya se puso de manifiesto en los años 90 con los refugiados bosnios y los kosovares. Política de refugio que no se puede improvisar ni dejar a la buena voluntad solidaria de ayuntamientos u organizaciones sociales, que es muy compleja y que requiere para empezar financiación, medios profesionales y materiales y desde luego la estrecha colaboración de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Pero de esto trataré con más detalle en el próximo post.

miércoles, 2 de septiembre de 2015

FELIPE GONZALEZ A LOS CATALANES: UNA CARTA INADECUADA


Por fin muchos, hasta el propio Rey Felipe VI,  se han dado cuenta que el desafío de Artur Mas y los independentistas catalanes no iba a tener marcha atrás y entonces han tocado arrebato. Algunos han destapado la caja de los truenos incluso de las amenazas, otros, los menos, han intentado razonar con argumentos concretos los motivos del  desacuerdo con el proceso independentista. En esa tardía y ahora  frenética movilización se sitúa la “Carta a los Catalanes” de Felipe González.

No seré yo quien discuta los meritos de Felipe en los avances de la sociedad española durante sus gobiernos, o el papel desempeñado en el impulso a la Unión Europea. Pero da la impresión de que González no es consciente del tremendo deterioro de su imagen, tras los escándalos de su última etapa de gobierno, de las poco aconsejables amistades que mantiene en determinados círculos económicos, su pertenencia a Consejos de Administración o sus recientes e innecesarias incursiones en la política latinoamericana, por no recordar su tolerancia con la corrupción de Pujol. Felipe ya no es el Felipe de 1977 o de 1982.

Por ello debería ser muy cuidadoso y medir muy bien los gestos para influir en la política española, sobre todo en un tema tan complejo y envenenado como es la situación en Cataluña, donde además el Partido Socialista de Cataluña ha estado sometido a vaivenes incomprensibles, con buena parte de sus dirigentes alimentando por activa o pasiva el argumentario independentista.

“La Carta a los Catalanes”, por muy bien intencionada que pudiera ser, adolece de un evidente tono paternalista, en algunos párrafos  resulta prepotente, hay amenazas mas o menos explicitas y encima contiene intolerables comparaciones con el proceso nazi y fascista en los años 30. Es una carta, en todo caso  para irritar a los independentistas y dar munición a los ya convencidos. Y no es eso lo que se necesita en estos momentos.

Cuando más de un tercio de la ciudadanía catalana no quiere o no sabe si va a participar en las elecciones del día 27 de septiembre y otra parte tiene sus dudas sobre el sentido de su voto, el objetivo de todos los que no estamos a favor del independentismo, debería ser fomentar un  debate serio y riguroso sobre dos cuestiones: las consecuencias políticas, económicas y sociales de una Cataluña independiente y en segundo lugar las posibles alternativas para consolidar y mejorar la convivencia de Cataluña con el resto de España. Un debate de argumentos no de descalificaciones o de lugares comunes, que permitiera tomar decisiones con fundamento a esa importante parte indecisa o desmovilizada.

En mi opinión el debate se debería centrar en cuatro grandes cuestiones: modelo y sostenibilidad del Estado de Bienestar Social; política económica y fiscal; convivencia democracia y por ultimo relaciones internacionales.

Modelo de pensiones, sanidad, servicios sociales y atención a la dependencia. Modelo educativo. Modelo de relaciones laborales. Política fiscal. Suficiencia energética. Red de comunicaciones y de telecomunicaciones. Política medioambiental. I+D+I. política migratoria. Respeto a los derechos educativos y culturales de la que sería minoría(?) no independentista. Política de seguridad e incluso de defensa. Relaciones internacionales. Relaciones comerciales….etc. Son las cuestiones que realmente van a señalar si el estado catalán independiente supone una notable mejora para el conjunto de la ciudadanía o simplemente un mayor poder para la elite política.

Es evidente que un estado catalán independiente no partiría de cero, ni mucho menos. Cataluña no es una comunidad desprovista de recursos materiales y humanos y por tanto podría hacer frente a muchos retos de desarrollo económico y social en un mundo cada vez más globalizado.

Pero en ese debate sobre un escenario de estado independiente, no podemos olvidar cinco aspectos decisivos, que podríamos denominar de costes de oportunidad.

En primer lugar, la derecha nacionalista, que hay que recordar ha gobernado en Cataluña desde 1977, salvo el breve paréntesis del gobierno tripartito, es tan neoliberal o más que la derecha española. Los gobiernos de Artur Mas han ido aun más lejos en recortes sociales y privatizaciones que los del propio PP. Sin el apoyo de los sectores progresistas del conjunto de España, los trabajadores y la izquierda catalana lo van a tener mucho más difícil. A título de ejemplo, sin los gobiernos de Felipe y de Zapatero, ya veríamos cuales habrían sido las políticas sociales, económicas o fiscales que habrían impuesto a Cataluña los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol.

En segundo lugar, no es lo mismo estar inserto en un estado que se acerca a los 50 millones de habitantes, como es la España actual, que tener 7’5 millones de habitantes. Su potencial económico, social, tecnológico, comercial, su capacidad de joint venture  y su incidencia política en un mundo globalizado seria mucho menor. Y no sirve compararse con Dinamarca, Holanda o Austria (con algo menos de población la primera y algo mas la segunda y tercera), su inserción política, económica, comercial y de transportes en el entramado europeo es resultado de muchas décadas incluso siglos de relación y por tanto muy superior al de Cataluña.

En tercer lugar, en el contexto actual y de previsible futuro, un estado catalán que haya asumido la independencia de forma no acordada ni política ni legalmente con el estado español, no es previsible que sea aceptado en las instituciones internacionales, desde la Unión Europea al FMI, e incluso no sería fácil que a corto plazo pudiera hacerlo en la ONU y en sus Agencias sectoriales. Las consecuencias de este aislamiento político y económico, serían nefastas para la sociedad catalana.

En cuarto lugar, una independencia no consensuada inevitablemente generaría rechazos en el resto de la sociedad española, al menos durante varias generaciones. Las repercusiones en materia de consumo de productos catalanes, de turismo, de cooperación científica, de relaciones empresariales, etc. serían elevadas y costosas para el pueblo catalán (y por supuesto para el resto de España.)

Por último, por mucho que consideremos, con toda razón,  a Cataluña como una sociedad con gran madurez democrática y con fuertes tradiciones de convivencia, la ruptura independentista provocaría enormes tensiones internas, que ya veríamos cómo y cuando se podrían superar.

Frente a ese cúmulo de interrogantes y de inseguridades, quienes en el resto de España queremos que Cataluña siga enriqueciendo nuestro desarrollo político, económico, social, cultural, etc. tenemos que ser capaces de demostrar que la alternativa a la independencia no es el neocentralismo o el inmovilismo suicida del PP. Caben otros escenarios y muy en especial el modelo federal que la izquierda de ámbito estatal ha propuesto en los últimos años.

Por tanto tenemos que darnos prisa en concretar las características de esa España federal, que resulte convincente, atractiva y respetuosa para la gran mayoría de la ciudadanía catalana.


De todo ello hay que debatir, serenamente, con claridad y con urgencia.