La reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy es mucho más que una reforma legal de las relaciones laborales de nuestro país. No es ninguna propuesta para incrementar el empleo o estimular el crecimiento económico. Ni de forma más benévola, tampoco podemos decir que son medidas erróneas del gobierno, que se ha equivocado. No, no se han equivocado, han acertado plenamente. Es una simple y mera cuestión de poder en los centros de trabajo. Para comprender su significado y alcance es necesario remontarse al proceso de aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, (aunque convierta este post en muy largo).
El debate para conseguir un Estatuto de los Trabajadores, entendido como la “Constitución de los derechos de los trabajadores”, fue abierto en los primeros tiempos de la transición democrática por los abogados laboralistas de CCOO y del PCE y por dirigentes de CCOO, como Nicolás Sartorius, vinculados o influidos por la CGIL y el PCI. El “Statuto dei Lavoratori” fue una ley de 20 de mayo de 1970 arrancada por la izquierda política y los sindicatos de clase italianos tras las grandes movilizaciones y luchas obreras del otoño caliente de 1969. Enseguida se convirtió en un referente para quienes en España luchábamos por la democratización de los derechos laborales.
La reivindicación de un Estatuto de los Trabajadores lo asumió rápidamente CCOO en las primeras negociaciones con el gobierno de UCD, tras las elecciones de junio de 1977 y también los diputados del PCE de la primera legislatura democrática. En las conversaciones para los Pactos de la Moncloa fue una exigencia recurrente de CCOO y del PCE. Igualmente en el proceso de elaboración de la Constitución democrática de 1978 el tema del Estatuto volvió a ponerse encima de la mesa por nuestra parte y logramos que el art.35 de la Constitución lo contemplara.
CCOO y el PCE no solamente dimos la paliza al gobierno de Suárez para que cumpliera el mandato constitucional sino que además presentamos un proyecto de ley de Estatuto que fue rechazado por el Congreso, si bien con el compromiso de que lo presentaría la propia UCD, como así sucedió en la siguiente legislatura. Hay que decir, que aunque no muy entusiasmados con el tema el PSOE y la UGT, cuyo modelo sindical y laboral estaba mucho más próximo al centroeuropeo o nórdico que al italiano, se sumaron después a esta exigencia.
La negociación del proyecto de Ley del Estatuto no fue pacifica en ningún lado. La derecha y la patronal se opusieron frontalmente. UCD y PSOE coincidieron en muchas cuestiones y rechazaron bastantes enmiendas del PCE. Entre un sector de CCOO y el PCE se abrió una brecha (que con el tiempo tendría muy importantes consecuencias), ya que dirigentes de CCOO y el propio Camacho consideraban que se habían hecho excesivas concesiones a la mayoría parlamentaria y al PSOE. Incluso un informe que yo realice en aquel momento en el que consideraba globalmente favorable al Estatuto a pesar de sus insuficiencias, genero polémica dentro y fuera del sindicato y del partido. Lamentablemente acerté cuando en ese informe indique que ojala el Estatuto se mantuviera muchos años, porque me temía que era un objetivo a derribar o reformar por parte de muchos y diversos intereses.
Y así fue. A partir de su aprobación en 1980, no ha habido gobierno socialista o del PP que no haya metido las pezuñas en el Estatuto para recortarlo, jaleados por la CEOE y sus expertos e institutos y desde luego por el Banco de España.
Los argumentos han sido siempre los mismos: “la rigidez del mercado laboral consagrada por el Estatuto impide el mantenimiento del empleo en situaciones de crisis y su creación en periodos de crecimiento”. Al que algunos ahora añaden otro nuevo: “El Estatuto es un reflejo de la legislación laboral franquista, que “compensaba” la falta de libertades políticas y sindicales con “proteccionismo laboral”, lo que es el colmo del cinismo, cuando el Estatuto fue precisamente una drástica ruptura con la legislación de la dictadura y supuso la democratización de las relaciones laborales, o lo que entonces se decía “que la democracia entre también en los centros de trabajo”.
Las sucesivas reformas laborales NUNCA han tenido efectos sustanciales en la creación de empleo. Lo saben todos. Lo que SI ha tenido efectos palpables es en ir recortando derechos de los trabajadores y sobre todo reducir PODER de los trabajadores en los centros de trabajo, que es lo que realmente se pretende. Lo que los sucesivos reformadores han buscado es debilitar al movimiento obrero, hacer retroceder los avances que se consiguieron en los primeros años de la democracia, en los que la patronal tuvo que tragar, debibilitada como estaba por su estrecha colaboración con la dictadura. Ni gobiernos ni empresarios quieren que los trabajadores tengan instrumentos de poder en los centros de trabajo, tan simple como esto. Y dan donde mas duele: debilitar la negociación colectiva, generalizar la precariedad del trabajo, individualizar las relaciones laborales, meter el miedo y romper la capacidad reivindicativa.
Eso es lo que les importa. Y saben que este tipo de reformas en épocas de crecimiento económico, de casi pleno empleo, esto es impensable conseguirlo y solo lo pueden hacer en momentos de grave crisis económica y de paro masivo. Purita experiencia de lucha de clases. Lo que sucede es que hoy una parte de la izquierda política y sindical no hace análisis en términos de lucha de clases y se limita a criterios de racionalidad en un mundo que es esencialmente irracional; lo que no ocurre en la derecha política y en la patronal, que siempre han tenido muy claro el tema de las clases y obran en consecuencia. Si alguien tiene dudas al respecto las declaraciones de Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre son más claras que el agua. El propio presidente de la CEOE, que no puede disimular su alegría, también ha sido transparente en su objetivo final que “desaparezca el despido improcedente”, aunque como es realista, ha añadido que como en los coches “no se puede pasar de golpe de primera a quinta”; por el momento ya han metido la tercera.
Así las cosas nos lo ponen muy difícil. Una respuesta puntual y radical: la huelga general, puede dejar tranquilas las buenas conciencias izquierdistas y a los más cabreados, pero si no resulta un éxito, la derrota puede ser grave y de largas consecuencias. Debemos aprender del creciente agotamiento de las movilizaciones de los enseñantes. En mi opinión hay que diseñar una estrategia de largo aliento, con un claro protagonismo de las movilizaciones en la calle y las tareas de explicacion y organizacion en los centros de trabajo. Y en función de las respuestas que se vayan dando, plantearse las distintas posibilidades de huelga. Esto va para largo y la estrategia sindical no puede ser fuegos de artificio, sino una amplia y duradera oposición y por supuesto confiar menos en la supuesta “buena disposición negociadora” de CEOE y el gobierno.
Pero para trazar esa estrategia unitaria, masiva y de largo alcance, lo primero serie tener muy claro nosotros y así trasladarlo a los trabajadores, lo que realmente esta en juego en esta batalla: acabar con los derechos reconcidos en el Estatuto de los Trabajadores y volver al siglo XIX.
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