LA ADMINISTRACION NO PAGA

En las ultimas 24 horas hemos asistido al debate de investidura de Mariano Rajoy. Es pronto para sacar conclusiones muy cerradas. La evanescencia de Rajoy, educado, moderado en las formas, puro neoliberalismo en los contenidos, las ambiguas ofertas de pacto de Rubalcaba que hacen temer un rebrote de colaboración  bipartidista, el pragmatismo, como siempre, del PNV, las lamentaciones, también como siempre, de CIU y la critica de trazo grueso y escasos matices de IU. Y por supuesto el guiño, mas aun, el beso en la boca, de tornillo, de Amaiur, supongo que en clave de horadar el muro de acero con el que el PP pretende aislar a la izquierda abertzale en el conjunto de la sociedad española. Pero habrá que esperar al primer movimiento del nuevo Presidente, es decir el perfil de su gobierno, Ahí empezaremos a conocer las verdaderas intenciones de Rajoy.

Y en ese compás de espera ¿por que no hablar de una de las realidades mas impresentables de las Administraciones Publicas españolas que hoy ha estado ausente del Congreso de los Diputados?, la creciente y cada mas generalizada practica de no pagar, especialmente las administraciones autonómicas y locales. Se deben miles de millones de euros: a las farmacias, a proveedores de los Servicios Autonómicos de Salud, a entidades, lucrativas y no lucrativas, que gestionan de forma concertada servicios sociales de atención a la dependencia, a constructoras y empresas suministradoras de equipamientos, a servicios de mantenimiento, a miles y miles de pequeñas empresas y profesionales que trabajan para las administraciones o en otro orden de cosas la no devolución a los contribuyentes de saldos positivos de IRPF. Y no estamos hablando de retrasos de uno, dos o tres meses, que ya es, sino de un año, año y medio y hasta mas de dos años.

La Unión Europea tiene una normativa muy exigente frente a la morosidad publica, con fuertes penalizaciones.  Pero aquí se recurre a practicas en el mas puro estilo mafioso: "si me reclamas ante los tribunales, no te vuelvo a adjudicar un concurso o una compra". Y así se va tragando y tragando. Esta actuación administrativa refleja un profunda podedumbre en las administraciones publicas, porque tras esas vulneraciones legales hay una amplia red de complicidades en niveles altos y medios de los responsables administrativos. Yo he tenido la ocasión de gestionar durante casi ocho años el IMSERSO, con un presupuesto entonces de 500.000 millones de pesetas, y cada contrato, adjudicación, subvención o inversión, tenia que ir preceptivamente acompañado de un informe de la intervención y de los servicios jurídicos, que avalaban que había presupuesto suficiente, especifico y conforme a la legalidad de ese gasto. ¿Que pasa ahora? ¿No existen esos informes previos? ¿Se hace caso omiso de la opinión de interventores y abogados del estado? O lo que seria mas grave ¿se presiona a esos funcionarios publicos para que se plieguen a los dictados de los responsables políticos?. ¿Que esta pasando en la Administración publica española para llegar a estas amplias practicas escandalosas e ilegales?.

Las consecuencias son obvias. Por una parte graves dificultades económicas de miles de empresas, despidos, cierres...Y por otra un efecto domino: "a mi ni no me pagan, pues yo no pago lo que debo". Y desde luego un efecto contagio, "si la Administración es un ejemplo de morosidad no me pidan a mi que yo sea un ejemplo de puntualidad en pagar lo que debo". Y así nos hemos convertido en un país con fuertes rasgos bananeros, que nos remite a esa garrota que había y sigue habiendo todavía en muchos bares, con el lema "aquí no se fía". Lo malo es que no podemos utilizar al Cobrador del Frac para ir a cobrar a las administraciones publicas.

Pues bien de esta lacra, no he escuchado nada ni a Rajoy ni a ninguno de los demás intervinientes en el debate de investidura. ¿En que burbuja viven?.