LOS ERES DE ANDALUCIA: EXPLICACIONES POCO CREIBLES

Cualquier persona que haya tenido una responsabilidad de gestión pública, sabe de sobra que hay tres instrumentos muy incómodos, pero fundamentales, para la ejecución de su trabajo: la inspección de servicios, la abogacía del estado y la intervención general. Son mecanismos esenciales en una administración democrática que colaboran con la gestión para el respeto de la legalidad,  el cumplimiento adecuado del servicio público, la optimización de los recursos, etc., aunque a veces no aprueben, total o parcialmente,  decisiones de los gestores.

Cuando llegué a la Dirección General del INSERSO, procedente de la vida sindical, tenía ligerísimo conocimiento de esas tres funciones y la valoración que recibí de algunos colaboradores próximos, se resumía en que eran un lastre para una gestión ágil, pero que no había más remedio que saber torearlos, convivir con ellos, pactar soluciones y de vez en cuando hacer un gesto de autoridad para que no se subieran a la parra, especialmente con la Intervención General.  

Con el tiempo comprendí que por lo general la opinión de la inspección, la abogacía y la intervención, solía ser razonable y razonada y algo mucho más importante, siempre procuraban alternativas a los problemas de legalidad para no impedir la gestión. Para mí se convirtieron en una ayuda inestimable, que me evitaron meteduras de pata, o peor aun, infracciones de la legalidad, aunque es cierto que a veces suponían un retraso o una mayor complejidad en la gestión. Por ello, cuando recibía un expediente de gestión,  lo primero que hacia era leerme el informe o ver la firma  de la intervención y de la abogacía.

Viene este recuerdo a cuento de lo que esta sucediendo con el proceso de los ERES en Andalucía, que nos esta salpicando y bien,  a la izquierda política y sindical. Es muy posible que, dado el grado de polarización que existe en la sociedad andaluza tras más de 30 años de gobierno del PSOE y más de 30 años de esperanzas frustradas del PP para desplazarle del poder, la jueza instructora no este exenta de intencionalidad política. Pero mas allá de lo que al final resulte sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación de la Junta de Andalucía, de profesionales, asesores, empresas y consultoras e incluso de los agentes sociales, resulta poco creíbles las explicaciones que los máximos responsables políticos están dando.

Conozco a la actual Consejera, Carmen Martínez Aguayo, desde hace más de 20 años. Es una gran profesional, con una gran experiencia en la administración pública, meticulosa, cautelosa, de las que se leen los papeles hasta  los puntos y las comas, a la que es muy difícil que se le escape un fallo. Ella fue la Viceconsejera responsable en los años de los ERES objeto del procedimiento judicial. También, (como ya he escrito en otro post), conozco al que entonces era el Consejero, José Antonio Griñan, desde hace muchísimo más tiempo, cuando ejercía como Inspector de Trabajo y después tuve con él una muy cordial relación cuando fue Ministro de Sanidad y más tarde Ministro de Trabajo. Una persona igualmente con una larguísima trayectoria en la Administración Pública, muy inteligente, con impresionante retranca, que las caza al vuelo y tan perspicaz como culto. Por eso no me puedo creer las explicaciones que están dando.

Carmen diciendo que no consideró necesario trasladar los informes desfavorables de la Intervención al Consejero, ya que lo que se decía no tenía suficiente entidad. Es algo impensable en ella. Ni política, ni técnica ni económicamente, lo hubiera dejado pasar una y otra vez, máxime conociendo la estrecha relación de confianza personal que hay entre ellos desde mediados de los años 90. Y Griñan diciendo que no tuvo conocimiento, cuando él jamás hubiera consentido que una cuestión de esta sensibilidad política y de esa repercusión económica, se hubiera soslayado por su Viceconsejera. Así que estoy convencido que sí le pasó los informes desfavorables de la Intervención, claro que se los pasó y claro que lo hablaron y mucho.

Me impresiona la espartana fidelidad de Carmen con Griñan, que la lleva a comerse ella el marrón. Comprendo las poderosas razones políticas que puede haber detrás de esa actitud, está en juego la figura del Presidente de la Junta y del Presidente del PSOE  y tal y como están las cosas en el PSOE, lo que faltaba es que se imputara a Griñan. Pero ese camino es peligroso, además de ser inaceptable en términos de moralidad pública.

A la larga sería mucho mejor dar la cara, admitir los errores, porque además hasta se pueden buscar razones de carácter social, sino para justificar las irregularidades, al menos para explicar porque se hizo. Así también se podrían separar el polvo de la paja, las actuaciones por motivos políticos y electorales, de conseguir paz social, que podrían estar detrás de la actitud de los máximos responsable políticos de la Junta, de los tejemanejes de otros que lo que buscaban era sacar beneficio económico particular.

La izquierda, si queremos recuperar la confianza ciudadana, tenemos que cambiar muchas actitudes. La corrupcion que afecta al PP, no debe ser ni un consuelo ni una excusa. Lo de Andalucía podría ser una bomba de relojería que nos dañe aun más de lo que hasta ahora ha hecho y que la próxima salida de Griñan de la Presidencia de la Junta posiblemente no vaya  a evitar. Rectificar es de sabios y …..de demócratas.