Llevamos 35 años saliendo a la calle el día 8 de marzo para exigir la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Sin duda mucho se ha avanzado en nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a reconocimiento legal de la igualdad, cosa diferente es la efectividad de esa igualdad, donde aun hay serias dificultades para conseguirla. Pero esos logros de nuevo están seriamente amenazados por los gobiernos de la derecha estatal y nacionalista.
De la recuperación de un machismo, que nunca se había dado por vencido, es un síntoma bien elocuente la polémica lanzada por la mayoría de los académicos de la lengua, que seguramente hace unos meses no se habrían atrevido a defender esa vuelta al lenguaje sexista.
El PP no lleva ni cien días y ya ha dejado muy claro lo que piensa de la igualdad, empezando por esos dos Ministros que cuando uno era tertuliano de la SER (Wert) y el otro alcalde de Madrid (Gallardon) tenían fama de centristas y en cuanto han tenido el Boletín Oficial del Estado a su alcance se han quitado la piel de cordero y han sacado su verdadero sentir cavernícola. Apoyados y estimulados por la jerarquía eclesiástica, quieren volver a imponer a las mujeres sus criterios sobre maternidad o sexualidad. Por no hablar del fomento de un modelo educativo de segregación por sexo o de mantenimiento de roles machistas en la enseñanza que se imparte, especialmente en los centros privados.
Siendo importantísimos esos retrocesos que nos están preparando, no menos decisivas para las mujeres son las consecuencias de los recortes de derechos en política social. Retrasar la aplicación de la ley de dependencia, reducir sus presupuestos o generalizar las bajas prestaciones económicas en lugar de ofrecer servicios sociales de calidad, obligara de nuevo a cientos de miles de mujeres a asumir los cuidados de sus familiares dependientes. Los recortes en sanidad afectan sobre todo a las mujeres por sus peores condiciones de salud, especialmente de las mayores de 75 años. La reducción o supresión de los ya de por si escasísimos programas de lucha contra la pobreza y la exclusión perjudican sobre todo a las familias monoparentales de mujeres con hijos a cargo, en un país como el nuestro en el que esta comprobada la feminización de la pobreza. La supresión o limitación de los programas de prevención de la violencia de genero o de apoyo a las victimas de la violencia machista, tendrá igualmente negativas repercusiones en la lucha contra un terrorismo, que no olvidemos es muchísimo mas mortífero que el de ETA.
La desregulación del derecho del trabajo que supone la reforma laboral, va a perjudicar sobre todo a las mujeres, se acentuara la desigualdad salarial y de categorías, la precariedad en los contratos, los despidos a la primera dificultad empresarial…etc. Igualmente la reciente reforma de las pensiones a medio plazo afectara muy especialmente a las mujeres, que sí hoy tienen unas pensiones notablemente inferiores a los hombres, en el futuro aun serán peores.
En definitiva el retroceso de las políticas de bienestar social y el deterioro de los servicios públicos, va a repercutir en las condiciones de vida de las mujeres. Y debemos tenerlo muy claro, sin igualdad efectiva no hay democracia real.
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