Aunque hoy las noticias las protagoniza el paquete de recortes y el incremento de impuestos que ha presentado Rajoy en el Congreso de los Diputados, prefiero referirme a otro recorte que por su gravedad no debe pasar desapercibido: el que afecta al sistema de Atención a la Dependencia.
A pesar de sus tan solo cinco años y medio de vigencia y de no haber terminado el periodo inicialmente previsto de su paulatina aplicación, la ley de Atención a la Dependencia ha sufrido ya cuatro recortes, aunque de diferente intensidad y consecuencias: reforma de mayo del 2010, reforma de 31 de diciembre del 2011, reforma en los presupuestos del año 2012 y la reforma acordada el día 10 de julio por el Consejo Territorial a propuesta del gobierno del estado.
En estos cinco primeros años de vigencia de la Ley el gasto publico en atención a la dependencia se ha situado en torno a 15.000 millones de euros, bastante menos que el rescate de Bankia; el numero de personas dependientes recibiendo ya prestación era a principios del 2012 de mas de 752.000; los cuidadores no profesionales con cotizaciones a la Seguridad Social a través de convenio especial ascendían a casi 175.000 personas; los empleos profesionales generados en el periodo ha sido de mas de 102.000.
La conclusión es más que evidente, la ley de atención a la dependencia en términos de rentabilidad social: beneficiarios atendidos, empleo creado y cotizaciones generadas para mujeres cuidadoras, ha sido extremadamente beneficiosa.
Esto ha sido así, a pesar de mala gestión de la ley por la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, que se puede resumir los retrasos en la gestión, el indebido reconocimiento de la inmensa mayoría de las prestaciones económicas en detrimento de servicios sociales profesionales y la baja intensidad de una parte de los servicios (ayuda a domicilio y teleasistencia) y que tiene una única explicación: la voluntad de las administraciones autonómicas de frenar el gasto en la aplicación adecuada de la ley y la decisión de la Administración General del Estado, ya desde el año 2011, de no incrementar su aportación en la medida de lo necesario.
La contrarreforma ahora propuesta parte de una premisa, que la ley de dependencia, tal y como esta diseñada, es inviable económicamente. Argumento que por cierto no se ha utilizado con los bancos y cajas de ahorro.
Citare los principales cambios que se han acordado.
Se propone la desincentivación de las solicitudes de prestaciones económicas a través de tres mecanismos: reducción de la cuantía en un 15%; exigencia de convivencia en el domicilio de la persona cuidada; y posible supresión de los convenios para el alta en la Seguridad Social con financiación pública de las cotizaciones.
Lo que se propone es lisa y llanamente reducir la posibilidad de que las familias, con la prestación económica que recibirán a partir de ahora, puedan hacer frente a los gastos de los cuidados en el hogar. En cuanto a la revisión y posible supresión de la financiación de las cotizaciones de los convenios especiales, es igualmente una medida que tendrá nefastas consecuencias para decenas de miles de mujeres que han ejercido y seguirán ejerciendo durante años funciones de cuidadoras familiares, sin poder compatibilizarlo con una vida laboral normalizada y por tanto sin poder cotizar, perdiendo así la posibilidad de acceder a una pensión contributiva de jubilación o en el mejor de los casos su pensión será la minima por insuficiente periodo cotizado.
Se amplia hasta dos años el tiempo de gestión de la tramitación de la solicitud de prestaciones, sin que la demora conlleve obligaciones retroactivos para la administración correspondiente. Las Comunidades Autónomas utilizaran este recurso normativo para reducir gasto, perjudicando a decenas de miles de solicitantes que en muchos casos fallecerán sin que se llegue a reconocer la efectividad de la prestación.
Tras el retraso aprobado por el gobierno de Rajoy el pasado mes de diciembre, se vuelve a retrasar un año más la atención a la dependencia moderada, que no entrara en vigor hasta el año 2015. Quedaran por tanto desprotegidos al menos 222.000 personas que hoy tienen ya el reconocimiento de dependencia moderada, nivel 1, más los que se puedan incorporar de aquí al año 2015.
Se reduce la intensidad de la prestación de ayuda a domicilio, pasando el número de horas mensuales en función del grado de dependencia de 30 a 20, de 55 a 40 y de 60 a 90. Dejar 2 horas diarias como máximo, la ayuda a domicilio de un gran dependiente, supondrá que el grueso de los cuidados los tendrá que realizar los familiares. A este respecto hay que tener muy presente que muchas personas dependientes de edad avanzada, viven con cónyuges o familiares también mayores y en bastantes casos igualmente limitados, por lo que la reducción de la ayuda a domicilio comportara o una peor atención a la persona dependiente o tener que buscar cuidadores privados y por tanto asumir un coste añadido.
Se incrementa el copago y se amplían los criterios para establecer la renta a computar. Aunque aun no se conoce la letra pequeña de la norma, no hay que olvidar que en la actualidad esta vigente un sistema de copago muy intenso, máxime teniendo en cuenta las modestas pensiones o ingresos de la mayor parte de las personas dependientes de nuestro país, por lo que en su día la fijación del copago contó con el rechazo de las centrales sindicales, de organizaciones de personas con discapacidad y de expertos y profesionales de los servicios sociales.
En resumen los cambios introducidos en este cuarto recorte de la ley de atención a la dependencia, supone un salto cualitativo de enorme trascendencia, ya que modifican aspectos sustanciales de la misma y representan acabar con algunos de los avances mas importantes que comporto la aprobación de esa ley.
Todos tenemos, hemos tenido o tendremos un familiar dependiente, por no hablar de nosotros mismos. Este cuarto recorte nos afecta, por tanto, a toda la ciudadanía. Y lo peor del caso es que con un pequeño esfuerzo de financiación publica se mejoraría el bienestar de muchas personas y de paso se crearían muchos empleos. Pero desgraciadamente las personas dependientes ni se manifiestan en la calle, ni la mayoría vota, así que son políticamente amortizables.
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