Entre las andanzas de la familia real y las amistades peligrosas de Núñez
Feijoo, los titulares de los medios de comunicación ocultan algunas otras
noticias que, aunque no suelen afectar a los ricos y a los poderosos, sí deberían ser motivo de
mayor debate y preocupación social. Una de ellas es la persistente violencia de
género y la violencia familiar y su relación con la crisis económica.
La Memoria del Observatorio de la Violencia Domestica y de Género del
Consejo del Poder Judicial, que se acaba de publicar, subraya la disminución de
las denuncias por violencia machista y el hecho de que cada vez más las mujeres
que denuncian, terminan por abandonar los procesos judiciales. Es posible que Toni
Canto, el diputado de UPyD, diga que
esto confirma que lo de la violencia de género no es para tanto.
Desgraciadamente las razones son muy diferentes, como refleja que no
hay semana en que no se produzca un nuevo asesinato de una mujer, a lo que hay
que añadir el asesinato de niños y niñas como represalia añadida a la violencia
de género. Al final terminamos por convivir, más o menos incómodamente, con la
violencia de género. Y contemplamos como un rito conocido las concentraciones,
las condenas, las fotos y las velas encendidas y así hasta la próxima.
La crisis económica fomenta el miedo de las mujeres a la denuncia. Es
comprensible en un país como el nuestro en que en los últimos 20 años habíamos
dado un paso gigantesco en la incorporación masiva de las mujeres al empleo, pero
eso sí a un empleo más frágil, precario, menos seguro, peor retribuido. La
crisis se ha llevado por delante muchos cientos de miles de empleos de mujeres,
que otra vez vuelven a depender del ingreso de sus maridos o compañeros. Y como
también han desaparecido cientos de miles de empleos masculinos, muchos
hogares, mas de 500.000, no tienen ingresos salariales o de prestaciones públicas
y cerca de 2 millones no tienen ingresos procedentes del trabajo.
En esas circunstancias una mujer maltratada se lo piensa dos veces antes
de denunciar y las que llenas de valor lo hacen, a menudo se arrepienten cuando
perciben el panorama que tienen por delante para ellas y en su caso para los
hijos e hijas. Sin empleo, sin pensión
de alimentos, con gastos e hipotecas, con los ahorros liquidados, ¿qué le
espera tras la denuncia? Y al final prefieren aguantar, a ver si con el tiempo
cambia su suerte, pasa la crisis o se civiliza su pareja. Algunas no tendrán tiempo de ver ese hipotético cambio
de su situación. Y si tenemos en cuenta que el 35% de las mujeres que denuncian
son emigrantes, concluiremos la estrecha relación entre crisis y violencia de género.
No podemos seguir así. Ni conformarnos con las condenas de rigor de la
Ministra Ana Mato y a la vez la drástica reducción por todas las
administraciones publicas, empezando por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, de los de por si escasos presupuestos destinados a la prevención
de la violencia de genero y a los programas de apoyo a las victimas.
Hay que reforzar a fondo los programas de prevención y los de apoyo. Hay
que impulsar el papel de los profesionales de los servicios sociales y del
sistema de salud en la detección de la violencia de genero, aunque esto
requiera mas trabajadoras sociales y una mayor red de proximidad, justo lo contrario
de lo que se esta haciendo con los recortes sociales.
También otras medidas que no cuestan dinero y para las que no hay
excusas que valgan: mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de
seguridad ante las denuncias; modificar las actuaciones de jueces y fiscales en
materia de medidas provisionales, de concesión de régimen de visitas, de alejamiento. Y sí, también es necesario,
como ultima ratio, endurecer las penas; por supuesto todas las garantías
procesales para el denunciado, pero demostrada la culpabilidad, condenas
ejemplarizantes y disuasorias. Y por supuesto al juez o tribunal que se permita
actitudes frívolas o ambiguas de rancio
sabor machista, sanción al canto.
Aquí a los dos partidos mayoritarios no les ha temblado el pulso para
reformar la legislación destinada a estrechar el dogal al terrorismo de ETA, a
veces con medidas de dudosa constitucionalidad. Pero no se les nota ni mucho
menos igual de diligentes para afrontar la violencia de genero, que causa, no
lo olvidemos, muchas mas muertes, año tras año, que los etarras.
Y desde luego la violencia de género, como la homofobia o el racismo,
se empieza a prevenir en las escuelas públicas y privadas. Si también
desaparecen, como esta sucediendo, los programas y actividades de concienciación
de los futuros adultos, estamos apostando, queramos o no, porque la violencia
de genero y familiar se mantenga en las próximas décadas.
Hoy no quiero mezclar otros aspectos de la relación violencia domestica
y crisis, como p.e. la violencia ejercida contra los viejos y viejas, que están
siendo sacados de las residencias o que se les mantiene en el ámbito familiar
para cobrar la prestación económica. Una realidad oculta de la que también hay
que hablar y tomar medias y no precisamente de recorte de la ley de dependencia
y de los servicios sociales.
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