REFORMA DE LAS PENSIONES: HAY OTRAS ALTERNATIVAS

Afrontar una reforma del Sistema de Pensiones en el marco de una grave y prolongada crisis económica, que aun no tiene perspectivas razonables de salida, puede parecer justificado por la negativa evolución de los ingresos y gastos del sistema. Pero esa presión para abordar una reforma, puede tener el riesgo de sesgar los análisis y propuestas.

El Sistema de Seguridad Social español desde 1979 ha sido considerado como inviable por una parte de expertos, políticos, entidades, sectores empresariales, etc. Es un hecho conocido que en estos más de treinta años se han ido abordando sucesivas reformas, en unos casos en el ámbito del gasto, en otros en lo que se refiere a los ingresos y en otros en ambas materias. Esa dinámica de ajuste se ha sustentado en los estudios actuariales e informes elaborados por los técnicos y responsables de la Seguridad Social, a partir de la exhaustiva y rigurosa información de que disponen las entidades gestoras, que por lo general se han visto confirmados por el desarrollo de los acontecimientos. Todo ello ha evitado poner en peligro el sistema.

Las sucesivas reformas han compatibilizado garantizar la sostenibilidad del sistema y el crecimiento paulatino de las pensiones como reflejo de las mejoras salariales, en el empleo y la corrección del fraude y las irregularidades en las cotizaciones

A la hora de afrontar una reforma del sistema de pensiones, hay que tener muy presente que determinadas variables socio-económicas y demográficas, están sometidas a rápidos cambios, que exigen ser muy prudentes a la hora de sacar conclusiones demasiado tajantes sobre la viabilidad del sistema de pensiones. P.e. en 1995 nadie preveía en nuestro país que el número de cotizantes a la Seguridad Social iba a pasar de algo más de 12 millones a más de 19 millones en el plazo de diez años. Como tampoco nadie consideraba que España iba a experimentar una entrada de en torno a 5 millones de inmigrantes en un breve plazo de tiempo.

Por otra parte algunos de los indicadores demográficos que pueden ser considerados más alarmantes: caída de la natalidad o prolongación de las expectativas de vida, deben ser matizados. Hay estados de la Unión Europea sometidos a un proceso muy intenso de envejecimiento que han  recuperado moderadamente la natalidad con políticas sociales de apoyo a las familias. Por otra parte hay ya algunos estudios que indican que el proceso de intenso crecimiento de las expectativas de vida se esta frenando en relación al ritmo que se había mantenido en las ultimas décadas.

Hay que considerar, igualmente, que las reformas de envergadura como fueron las de 1985, 1996 y 2011, requieren un mínimo tiempo de maduración para comprobar sus resultados. En este sentido, aunque la situación haya ido a peor, el escenario actual no es radicalmente distinto al existente a cuando se aprobó la reforma del año 2011 y todo parece indicar que la urgencia de proponer una nueva reforma no se basa tanto en la evolución inmediata del sistema, (en el que tras cinco años de crisis y una notable caída de cotizaciones se han utilizado solo 7.000 millones de euros del el Fondo de Reserva, que tiene aun 63.400 millones) como en las presiones de las instituciones de la Unión Europea  que esta padeciendo el gobierno español.

Todo lo anterior no debe ser entendido como un llamamiento a la pasividad sino a la  prudencia y al rigor.

Dicho todo esto, a la hora de valorar el Informe de los expertos, (que hay que reconocer que ha ido mejorando desde el documento y pretensiones iniciales a su redacción final) lo primero que puede sorprender es que propone un cambio radical en la dinámica de reformas anteriores. Hasta ahora las reformas se habían sustentado en tres grandes pilares: acentuar la contributividad del sistema (años de cotización y formula de calculo de la pensión), mejorar la cotización acercándola a los salarios reales y aproximando los regimenes especiales al régimen general y separar las fuentes de financiación, de manera que los impuestos financiaran los complementos de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y por supuesto la sanidad y los servicios sociales.

En la reforma que ahora se propone se abandonan estas vías de actuación, remitiéndolas en todo caso a posteriores decisiones políticas y se introduce unos nuevos criterios de ajuste: el coeficiente de equidad intergeneracional (FEI) y el factor de actualización anual de las pensiones (FRA),  modificando y adelantando  en nada menos que 13 años el factor de sostenibilidad introducido en la reforma del año 2011.

¿Por qué se renuncia a actuar sobre la contributividad? ¿Por qué se renuncia a actuar sobre la mejora y racionalización de los ingresos? ¿No se puede abordar un suave y diferenciado incremento de las cotizaciones empresariales, en función de tamaño o tipología de empresa, intensidad de la mano de obra, productividad,  u otros factores? ¿No se puede  seguir destopando las cotizaciones? ¿No se puede proponer un incremento de las cotizaciones que pagan los trabajadores? No debemos olvidar que el gasto en pensiones en España en relación a su PIB y al gasto por habitante esta bastante por debajo de la media europea. Por tanto la situación de nuestra Seguridad Social no es alarmante.

Insisto, no es cuestión de cruzarse de brazos y esperar a que vengan mejores tiempos. De lo que se trata de no precipitarse con medidas de recorte que luego son irreversibles y abrir una negociación rigurosa, con los datos necesarios encima de la mesa y con una perspectiva a medio y largo plazo. Y sobre todo sin olvidar que la hoy quinta parte de la población de nuestro país, que será la cuarta parte dentro de 15 años, no puede sufrir un deterioro en sus condiciones de vida, ya que esto de manera inmediata se traduciría en menos consumo, menos actividad económica y menos empleo.