Cuando Salvador Allende ganó las elecciones en Chile, una de las
actuaciones mas impactantes del gobierno de la Unidad Popular fue entregar en
las escuelas un vaso de leche diaria a todos los niños. Medida que de una u
otra forma fue seguida en décadas posteriores por otros gobiernos
iberoamericanos.
¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 40 años, que un día un gobierno
regional en España iba a entregar bocadillos a varias decenas de miles de niños
con riesgo de desnutrición?
La iniciativa del gobierno andaluz del socialista Pepe Griñan de
entregar en torno a 40.000 bocadillos diarios a escolares, va a ser seguida,
con unas u otras formulas por otros gobiernos autonómicos. Caritas y otras
organizaciones solidarias están intensificando la entrega de comidas y ayudas para
comprarlas. Los bancos de alimentos se multiplican y hasta los propios sindicatos
se están involucrando en ellos.
Ya no estamos hablando de caída de los ingresos, de dificultades para
llegar a fin de mes o para pagar las letras o la hipoteca, de reducir las
vacaciones, de bajar el consumo o la calidad de vida. Estamos hablando de
desnutrición e incluso de hambre.
Nuestro estado de bienestar social no esta preparado para afrontar una crisis
de alta intensidad y larga duración. Las prestaciones por desempleo tienen un límite
y están pensadas para situaciones de paro temporal. Las rentas de inserción
social de las Comunidades Autónomas, están diseñadas para las situaciones de pobreza y marginación
tradicionales y tienen una dotación presupuestaria muy insuficiente. Las rentas
activas de inserción y el llamado Plan prepara no pueden hacer frente a las
demandas de centenares de miles de personas en paro que han agotado sus
prestaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística hay alrededor de 630.000
hogares españoles sin ingresos del trabajo ni prestaciones sociales públicas.
Hasta ahora el gobierno del estado ha delegado en las organizaciones
solidarias que hagan frente a esta situación de autentica emergencia, pero
atemorizado por la troika no parece estar dispuesto a tomar medidas de
urgencia. Desde los sindicatos y desde numerosas ONGS se lleva meses pidiendo
que se establezca un sistema de rentas mínimas que pueda paliar las situaciones
de mayor necesidad, empezando por esos 630.000 hogares sin ingresos.
Establecer en España un sistema estatal de rentas mínimas puede llegar
a costar, cuando estuviera en pleno funcionamiento, en un plazo de dos o tres
años, en torno a 3.000 millones de euros. Sin duda es dinero, no voy a
frivolizar al respecto. Pero hay de donde sacarlo y para no recurrir a las
propuestas de siempre, doy una menos conocida, aunque sin duda difícil
políticamente hablando.
En torno a 400 grandes empresas españolas, y desde luego todas las que
cotizan en el IBEX 35, realizan ingeniería fiscal para que una parte de sus
beneficios se trasladen y computen en países con baja presión impositiva y en
cambio siguen declarando sus gastos en España. Esta es la punta del iceberg de
una evasión fiscal, hoy por hoy más o menos legal, que entre cosas explica, que
aunque el tipo impositivo a las empresas españolas sea el 30%, el real sea del
5%.
Los ingresos estimados, si se quisiera reducir esta práctica
empresarial, previa modificación normativa, se sitúan en torno a los 30.000
millones de euros anuales. Solo con el 10% de esos nuevos ingresos se podría
paliar las situaciones de mayor necesidad de nuestro país mediante un nuevo
sistema de rentas minimas.
Si no se quiere hacer, seguiremos conviviendo con esa realidad de tener
que dar bocadillos a los niños para que puedan comer tres veces al día. Una
autentica vergüenza.
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