La justicia tiene solución. Ese era el lema del Congreso que a
principios de los años 80 realizamos profesionales progresistas del ámbito de
la justicia. Han pasado 30 años y todavía sigue siendo una reivindicación
pendiente.
La administración de justicia se ha convertido en uno de las
instituciones peor valoradas por los ciudadanos. He compartido esa opinión. Después
de casi seis años de intenso ejercicio profesional en el laboralismo, lo deje
agotado física y psicológicamente. Claro que era otra justicia, la del ultimo
franquismo y de inicio de la democracia, pero también la de una arraigada esperanza
de cambio y mientras los abogados de izquierda, contagiados por los colegas
italianos, recurríamos a lo que se denominaba “el uso alternativo del derecho”.
Más aun, los juristas marxistas, que haberlos los había, hablábamos de la
justicia como impostura burguesa, como instrumento de poder de las clases
dominantes y por tanto no creíamos en ella.
La consolidación de la democracia cambio algunas de nuestras percepciones,
pero desgraciadamente la administración de justicia no experimento los cambios
necesarios y desde luego la oportuna modernización. Ningún gobierno ha logrado
vencer los poderosos e influyentes intereses corporativos, afrontando las
reformas de fondo y de forma y mira que ha habido Ministros vinculados en mayor
o menor medida a la izquierda judicial.
Hoy el hijo de uno de los líderes de la derecha abogacil con la que
tanto nos peleábamos en el Colegio de Abogados de Madrid y no solo dialécticamente
hablando, es el Ministro de Justicia. Un Ministro, que como en las mejores
operas que dice tanto le gustan, ha conseguido una sublevación generalizada, poner en su contra a todos los que se
relacionan con el poder judicial, incluidos amplios sectores de probado
conservadurismo.
Es evidente que la administración de justicia necesita una reforma muy
a fondo. De arriba a abajo. La increíble litigiosidad que como una espesa telaraña
la paraliza y asfixia desesperando y sangrando económicamente a cientos de
miles de ciudadanos, es un reflejo de un mal funcionamiento de las
instituciones civiles de la sociedad democrática, que obliga a estar pleiteando
contra patronos, vecinos, parientes, propietarios, competidores, truhanes,
mafiosos, cónyuges, y por supuesto y en buena medida contra las
administraciones publicas. Nuestro país es el paraíso de los pleitos, que de
paso dan de comer, a menudo opíparamente, a abogados, procuradores, notarios,
registradores, jueces, fiscales, peritos de diverso tipo……
Una administración de justicia
que a diferencia de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria se mueve
como si la revolución informática no fuera con ella. Con lenguajes,
procedimientos, tramites e intermediarios anclados aun en el siglo XIX.
La reforma de la administración de justicia requiere actuar en diversos
frentes: cambiar a fondo el derecho procesal, en sus vertientes civil y penal;
modificar el código civil y el penal;
potenciar los instrumentos de intermediación amistosa en los pleitos de
familia, de vivienda, vecindad, consumo, trafico, medioambiente y competencia;
fortalecer el papel de la conciliación laboral; informatizar las oficinas
judiciales; reformular el papel de procuradores, notarios y registradores;
potenciar las funciones inspectoras y fiscalizadoras de las administraciones
publicas como garantes del cumplimiento de la legalidad; garantizar la
transparencia, rapidez y eficacia del
funcionamiento de las administraciones publicas; incrementar las funciones de
la fiscalía; despenalizar conductas no agresivas o peligrosas, sustituyendo las
penas por trabajo social….
Todo esto y muchas cosas mas se conocen y se han propuesto desde hace
mucho tiempo; sin resultados perceptibles. Y la única ocurrencia de Gallardon
es aumentar las tasas judiciales como elemento disuasorio de la híper
judicialización de la vida social y hacer trabajar un poco más al personal de
la administración judicial. Dos medidas fáciles, no exentas de demagogia, pero
que no afrontan los problemas de fondo.
Creo que hay que frenar la híper judicialización e incluso el abuso del
recurso a la litigiosidad, pero por vías estructurales y no tan solo por tasas
disuasorias. No soy contrario a las tasas judiciales y me escandalizan muchísimo
menos que las minutas de abogados, gestorías, asesores, peritos, notarios, etc.
El ciudadano se gasta muchísimo, pero muchísimo más, en esas minutas que en las
tasas, las antiguas y las nuevas. Efectivamente son disuasorias para las clases
trabajadoras, pero lo que realmente disuade es lo que cobran bastantes de los
profesionales del sector, que hasta ahora no se habían rajado las vestiduras.
Como tampoco se habían preocupado en el cumplimiento de los horarios y de la
escasa productividad de bastantes jueces.
En otras palabras, lo inaceptable de la reforma de Gallardon es que es
superficial, sesgada, no va a dar
resultados apreciables y encima va a
perjudicar a los de siempre.
La justicia tiene solución. Pero no esta que nos impone el Ministro,
como tampoco es admisible el dejar todo como querrían sectores corporativos de
la administración de justicia y profesionales del derecho, que por cierto
seguro que han votado al PP.
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