Advierto que este es un post que no va a gustar nada a algunas de mis
amistades, pero no por ello me voy a reprimir.
El gobierno del PP ha decidido, por fin, tomar una medida social en relación
a la situación de determinados colectivos amenazados con la perdida de su
vivienda por impago de la hipoteca.
Ha habido criticas desde la izquierda política y social a ese Real
Decreto Ley, porque se considera tardío, limitado e improvisado. Efectivamente
es tardío, además leyéndolo despacio se echan en falta diversas cuestiones que
no se tratan o resultan ambiguas o confusas, y desde luego su ámbito de
aplicación personal es limitado, aunque por el momento no se sabe a que
población puede afectar.
Pero dicho esto, conviene no hacer demagogia de brocha gorda con este
tema, que es de suma complejidad. El punto de partida, ineludible, es que en
una sociedad capitalista los bancos no hacen ni caridad ni labor social, buscan
simplemente negocio. Y por tanto nunca van a prestar dinero sino es en
condiciones beneficiosas para ello. Son unas reglas básicas de la economía de
mercado, se podrán regular mejor para evitar excesos o abusos desmedidos, pero
o tenemos una banca publica suficientemente amplia y sólida, o el sistema
hipotecario siempre será mas beneficioso para el que presta que para el que
solicita.
En segundo lugar, no podemos cerrar los ojos a lo que ha sido la
cultura de amplios sectores de la población de nuestro país, por supuesto
alentados desde intereses privados y desde la frivolidad política, de endeudarse
por encima de lo razonable justo cuando las viviendas eran más caras. El
espejismo de la prosperidad sin fin de la sociedad española, que el propio
gobierno de Zapatero estimulo, condujo a que todo el mundo quiso comprar uno o
mas pisos, sin medir sus posibilidades. Esa burbuja de facilidades para compra
de vivienda fue alentada de manera irresponsable y poco profesional por las
entidades bancarias.
Y una vez que explotan las burbujas y se desata la crisis, una parte de
los que se sumaron a esa huida hacia delante, se han encontrado pillados y lo
que antes eran facilidades por parte de los bancos, ahora son implacables
procedimientos de desahucio.
Así las cosas, en mi opinión, seria ahondar en la irresponsabilidad
populista tirar por la calle de en medio y suspender todos los procedimientos
de desahucio, fueran cuales las realidades sociales y económicas que hubiera
tras esas hipotecas no pagadas. Al igual que resultaría terriblemente injusto
que los poderes públicos corrieran con los gastos de quienes fueron defraudados
por Ruiz Mateos o por los sellos de Afinsa, no seria admisible que se
cancelaran todos los desahucios. Según y cuales.
El tema de los desahucios se tiene que afrontar exclusivamente en clave
de evitar situaciones de caída en la pobreza o exclusión social, no en clave de
arreglar un problema económico a una familia. Lo que tienen que funcionar son
los sistemas normalizados de bienestar social: pensiones, seguro de desempleo,
educación y sanidad públicas, servicios sociales, todo ello sustentado en una política
fiscal progresiva. Y solo en situaciones excepcionales utilizar medidas
excepcionales. Porque frente a los cientos de miles que pueden estar afectados
por las hipotecas fallidas, tenemos a varios millones que están en situación de
pobreza y exclusión de forma estructural.
Esa debe ser la prioridad social, aunque es evidente que hay familias
cuyo desahucio se produce en un contexto de caída en la pobreza o la exclusión
y tienen que ser protegidas.
En mi opinión eso es lo que grosso modo pretende el Real Decreto Ley
del PP, que sin duda puede ser mejorable, pero que esta bien enfocado en sus líneas
básicas. Además no olvidemos que si mandamos el mensaje a los bancos de que las
hipotecas se pueden dejar de pagar sin consecuencias, los que van a salir mas
perjudicados van a ser precisamente las clases trabajadoras a las que o no se
les va a dar ni una hipoteca mas o las condiciones de las futuras hipotecas van
a ser aun mas leoninas, así que ojo no hagamos un pan con unas tortas.
La tramitacion del Real Decreto Ley deberia servir para mejorarlo y para incluir cuestiones que no se contemplan en el mismo, como las posibilidades de la dacion en pago u otras formulas que se utilizan en paises socialmente avanzados.
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