APRENDIENDO DE ESCOCIA

A los 23 años recorrí en autostop Escocia. Fue una de las experiencias vitales de la que mejores recuerdos guardo. La preciosa  Isla de Skye y el pequeño puerto de Kyle of Lochalsh; las frías aguas del Loch Lomond, donde me bañe imaginaros cómo; la impresionante playa de Durness, en la que por la noche no dejaba de haber luz del sol; los jardines de Inverness; los colores de los montes de Glen Coe; o el festival de Teatro de Edimburgo,  donde asistí a una versión bastante  friki del musical “Hair”. También debo decir que pasé algo de hambre, ya que me alimentaba, casi exclusivamente, de unas latas de kilo de fantástico arroz con leche y otras de riquísimos guisantes.  Y disfruté mucho de la simpatía de la gente escocesa y eso que apenas les entendía.

Ayer el pueblo escocés ha sido un motivo de ejemplo para las sociedades democráticas del mundo. Un debate largo y razonablemente sosegado sobre las opciones del referéndum. Una altísima participación en las urnas. Una aceptación respetuosa de los resultados. En España deberíamos tomar buena nota.

Como abogado y como demócrata creo que las leyes y muy en especial la Constitución se deben respetar y cumplir, sin ningún género de dudas. Pero la legalidad vigente no es un fin en si mismo, es un instrumento para favorecer y garantizar la convivencia y el bienestar social. Las leyes se hacen y se cambian cuando se considera necesario por quienes tienen la facultad legislativa.  Es algo tan obvio que da un poco de reparo reiterarlo.

Es cierto que nuestra actual legalidad no contempla de manera explicita la celebración de un referéndum, como el que han planteado los nacionalistas catalanes y quienes están de acuerdo con ellos. Y ante esa realidad es evidente que caben dos posibilidades: cambiar la legalidad o no hacerlo. Pero ¿hemos medido con rigor las consecuencias de cada una de ellas?

Más allá de las impactantes movilizaciones en la calle a favor del referéndum, que son un claro mensaje, pero que en sí no serian suficientes para justificar un cambio legal de tanta trascendencia, lo cierto es que a día de hoy la mayoría de los parlamentarios catalanes que representan esa voluntad popular,  están a favor del referéndum.

¿Qué vamos a hacer con esa realidad? ¿Esperar ilusamente a que la actual mayoría de parlamentarios se diluyan como consecuencia de las  contradicciones de sus intereses partidarios? ¿Que haya un reflujo de la movilización social, reflejo de la impotencia de Artur Mas, la mano dura del gobierno de Rajoy, la eventual salida de la crisis económica, el desgaste de la corrupción del puyolismo o que la reacción de los sectores antinacionalistas les consiga la hegemonía social?

¿Cómo confiar en semejante espejismo, cuando todo nos indica que el malestar de buena parte de la sociedad catalana va a más ante la carencia de vías de negociación?

¿Es que alguien en su sano juicio considera posible convivir con una Cataluña mayoritariamente disconforme con la respuesta negativa a su demanda de referéndum? Una sociedad democrática del siglo XXI no puede asumir el tremendo coste de tener obligados por la fuerza a una parte de la población. Es una dinámica inasumible a medio y largo plazo, todo ello en términos estrictamente políticos, sin entrar en consideraciones de otra índole.

Y lo peor de todo es que frente a ese camino imposible de mantener, hay una opción mucho más sencilla y sobre todo más conforme a los valores democráticos: reformar la legalidad. ¿Qué obstáculo hay a esa reforma constitucional para reconocer la figura del referéndum? Únicamente la decisión política del gobierno de Rajoy, secundado en este caso por UPyD.

Es verdad que el PP esta en su derecho a oponerse a esa reforma, tiene suficiente mayoría parlamentaria para hacerlo. Pero la decisión del gobierno ¿es un empecinamiento o responde a un clamor social del resto de la ciudadanía española? En mi opinión ese clamor no existe, a pesar de que desde bastantes medios de comunicación hay quienes se dedican a echar leña al fuego un día sí y otro también. Lo que no aceptaría la mayoría de la gente es que el referéndum se celebrara por las bravas y sin respeto a la legalidad, pero seguramente  asumiría que pudiera celebrarse tras la reforma constitucional.

En todo caso los partidos políticos están para resolver problemas no para agravarlos, Y si hay que hacer un intenso proceso de pedagogía para convencer a los sectores renuentes que hay en el resto de España, de que esa reforma constitucional y la legalización del referéndum es la única posibilidad real de encauzar democráticamente la convivencia entre Cataluña y el resto de España, pues no habrá otra solución que hacerlo.

El cambio constitucional técnicamente es fácil, bastaría la inclusión de un artículo o una disposición adicional en la Constitución, que con los votos del PP, del PSOE, de los nacionalistas y de Izquierda Plural, se resolvía en una semana.

¿Merece la pena seguir por el camino de la sinrazón que antes o después habrá que rectificar? ¿O es esa la herencia envenenada que Rajoy quiere dejar a un hipotético gobierno de coalición de centro izquierda?

Aprendamos del sentido común y democrático del Reino Unido, que a la postre es el que ha permitido mantener la unidad de Escocia.