En las últimas secuencias de la
magnifica película “Z” de Costa-Gavras, van compareciendo ante el juez
instructor una serie de altos mandos militares y de la policía, implicados en
un tremendo asesinato político en Grecia. Sus gestos son desabridos y groseros,
con una mezcla de sorpresa e indignación: ¿cómo era posible que ellos,
precisamente ellos, fueran llamados a declarar ante la justicia?
Me figuro que Rodrigo Rato, Blesa, Díaz
Ferran, Urdangarin, la familia Pujol y tantos otros habrán sentido algo parecido
cuando hayan tenido que escuchar de los tribunales sus procesamientos o condenas, como en el pasado les tuvo que ocurrir a Roldan, a Barrionuevo,
a Rafael Vera, o a García Damborenea.
Que el exdirector del FMI y
vicepresidente del gobierno sea condenado a prisión, o el Presidente de la CEOE
o el yerno y cuñado de los dos monarcas, no es cuestión menor y solo es posible
en un país con sólidas instituciones democráticas.
Mi generación creció en la absoluta
desconfianza hacia la administración de justicia y una parte, la más
politizada, además considerábamos que la justicia era un instrumento ciego de
las clases dominantes para contribuir al control y opresión de las clases
populares.
No soy tan ingenuo de pensar que la representación
de la justicia, con la venda en los ojos y la balanza en la mano, son los
principios que rigen en nuestra Administración de Justicia. La democracia no ha
llegado tan lejos, ni en nuestro país, ni siquiera en los estados más avanzados
del mundo. Pero sería un craso error considerar que los poderosos, sean políticos,
ricos empresarios, hábiles conseguidores o influyentes periodistas, pueden
actuar impunemente.
A raíz de las recientes condenas, “caso
Noos”, ramificaciones de la trama Gurtel en Valencia o “tarjetas Black”, han proliferado
comentarios acerca de tratos discriminatorios o benévolos. Es evidente que a la
mayoría de la ciudadanía nos gustaría ver ya mismo a Rato o a Urdangarin entre
rejas. Siendo ello un factor ejemplarizante necesario, que antes o después sucederá, no debemos minusvalorar
lo que para esos personajes representa ser
condenados por delitos relacionados con la apropiación de lo ajeno. Supongo que
aun no habrán salido de su estupor, porque ya son escoria en nuestra sociedad, su vida
esta arruinada y no les será fácil pasear por la calle.
Fui compañero de clase de Rato, incluso
estuvimos en guateques juntos. No sé si con 18 años se le pasaría por la cabeza
llegar a ser Director del FMI o vicepresidente del gobierno de España, lo que
seguro que no se imaginaba es que un día le condenarían a prisión por ladrón y
encima gobernando “los suyos”.
Las evidentes carencias y limitaciones
de la Administración de Justicia son conocidas y ahí están “Jueces para la
Democracia” para ponerlas en evidencia y recordarlas cada dos por tres. La
burocratización de los procedimientos procesales, las limitadas dotaciones de
personal y medios, el desfase de unos códigos y leyes básicas que quedan
rápidamente obsoletas en un mundo que cambia a velocidad de vértigo, la dependencia
políticas de los fiscales, las dificultades de los jueces instructores moviéndose
en materias complejas para las que muchos no han sido preparados….etc.
Todo ello impide un funcionamiento ágil,
transparente y eficaz de la Justicia y se refleja en que sea más fácil y rápido
condenar y encarcelar a un camello o un ladronzuelo que a un alto ejecutivo,
empresario o político.
Porque, además, los poderosos cuentan
con sofisticados despachos de asesores y abogados mercantiles, fiscales, penales, civiles, de
derecho internacional, que se saben mover a las mil maravillas en el filo de la
navaja de la alegalidad o de la
ilegalidad, para satisfacción de sus clientes; algo de lo que no disponen el común
de la gente. Mientras esas redes de asesoramiento y defensa sean impunes y no
se logre controlar su función alegal o ilegal, la Administración de Justicia tendrá
dificultades para llegar al fondo y al final de las conductas delictivas.
Aun y así, las sociedades democráticas,
como la nuestra, con todas sus dificultades
e insuficiencias, han ido avanzando poco a poco en la implantación del imperio de la ley.
Tanto es así que nuestro actual Ministro de Justicia se ha visto en la necesidad de
cargarse hace unos meses a la Fiscal General del Estado, nombrada por el PP y
que no era precisamente de izquierdas, designando a un nuevo Fiscal General mucho más seguro y
disciplinado, para amarrar en corto a los fiscales del país, empezando por
hacer una purga política. Una purga en una profesión y una especialidad que no resulta de fiar para el gobierno, a pesar de que en ella, no lo olvidemos, las opiniones progresistas no son mayoritarias ni mucho
menos.
Por otra parte resulta muy esperanzador contemplar a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de policía proceder contra personajes vinculados en mayor o menor grado al partido del gobierno.
Por otra parte resulta muy esperanzador contemplar a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de policía proceder contra personajes vinculados en mayor o menor grado al partido del gobierno.
La "botella" de la Administración de la Justicia esta, por tanto, medio vacía pero también medio llena. Seamos ecuánimes y fijémonos también en la parte llena.
Y dentro de unos días vamos a asistir a
un nuevo acto de reafirmación del peso de la ley, con las comparecencias como imputados del exgobernador
del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por fin! y de Julio
Segura, expresidente de la Comisión del Mercado de Valores. Me figuro como estará
el hasta ahora “intocable” MAFO, aquel orgulloso Gobernador al que sobre todo
le gustaba sermonear sobre la moderación de los salarios, el abaratamiento del
despido y la insostenibilidad de las pensiones. ¡Que satisfacción democrática tendremos
al verle entrar en el juzgado!
Son razones más que suficientes para no
poder compartir en absoluto ese slogan
de “lo llaman democracia y no lo es”. Sin democracia nunca hubiéramos
tenido a esos poderosos imputados, procesados o condenados a prisión.
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