Aplastados por el conflicto político en
Cataluña y todas sus graves consecuencias, hay otras cosas que están sucediendo
que no podemos minusvalorar. Una de ellas ha ocurrido precisamente en Agramunt
(Lérida), con la muerte de cuatro ancianas en una residencia cuya planta semisótano
en la que se encontraban fue inundada por el desbordamiento de un río cercano.
No hubiera estado mal que la Presidenta del Parlament de Cataluña hubiera
acudido a Agramunt y que los partidos que tienen tantísimas urgencia para
lograr la independencia se preocuparan de pedir una investigación al gobierno
de la Generalitat y una comparecencia de los responsables políticos. Pero ya se
sabe que los viejos con alzhéimer no votan o votan por ellos, así que ni caso.
El pasado mes de julio fue el incendio
en otra residencia de Zaragoza la que se cobró 8 ancianos abrasados. ¿Dónde será
el próximo accidente? ¿Cuántos viejos morirán? Alguien podrá pensar que estoy
haciendo demagogia, que son decenas de miles las personas que viven en
residencias y miles las residencias existentes en nuestro país y que
afortunadamente no suele pasar nada. Y es cierto, pero ello no impide la
indignación ante hechos que se podían evitar.
A finales de los años 90, con la enorme eclosión
de centros residenciales por toda España, eran noticia una semana sí y otra también,
sucesos dramáticos en residencias, muchas de ellas en la piratería o rozando la
piratería. El trabajo de los sindicatos, de algunas ONGs de mayores e incluso
de las propias patronales del sector, fue limitando y reduciendo los casos y
condiciones de las residencias piratas y poco a poco dejaron de ser noticia
frecuente las muertes de ancianos y ancianas.
Pero los recortes en servicios sociales
y muy en especial la muy escasa financiación del Sistema de Atención a la
Dependencia, explican que lo sucedido en Zaragoza en julio y en Agramunt esta
semana, no sea una desgracia inevitable.
Las residencias con personas gravemente
dependientes tienen que tener unas condiciones arquitectónicas, de equipamiento
y mobiliario y de personal, adecuadas a las condiciones del perfil de los
residentes. Tanto en Zaragoza como en Agramunt da la impresión de que no se reunían
esas condiciones y desde luego no había suficiente dotación de personal por la
noche, lo que en el caso de Agramunt obligó a pedir ayuda a una persona que
pasaba por la calle y hasta el propio alcalde se tuvo que meter en el semisótano
inundado para intentar rescatar a los ancianos, por cierto un lugar poco
adecuado para tener un dormitorio.
No me hartare de decirlo, las
residencias de personas asistidas en sí no pueden ser un negocio, ni siquiera
ser rentables, salvo casos muy excepcionales o aquellas que forman parte de una
cadena de centros que puedan aprovechar economía de escala o las de algunas
Ordenes Religiosas en las que el componente solidario reduce costes de personal.
Hacer negocio con una residencia privada
de personas dependientes solo es posible a costa de escasa, inadecuada y mal
pagada plantilla, de hacinamiento, de pocas actividades, de insuficientes
cuidados, higiene y alimentación y de obsoletos equipamientos. Puede haber
alguna excepción, pero desgraciadamente la regla es la inadecuación. Eso lo
saben, todos, todos, todos, los responsables políticos del sector de los
servicios sociales (salvo que no hayan pisado en su vida una residencia
privada); todos, todos, todos los inspectores, técnicos, gestores públicos y lo
que aun es peor, todos, todos, todos, los familiares que se hayan molestado en
ir periódicamente a ver a sus ancianos residentes.
Mientras el gasto en dependencia no sea
una prioridad social y no supere el 0’5% del PIB y los Servicios Sociales sean
la pariente pobrísima de nuestro Estado de Bienestar Social, mientras los
poderes públicos deleguen en el sector privado la responsabilidad del cuidado
de las personas dependientes, sin ejercer el adecuado y permanente control de
calidad, seguiremos encontrándonos con tragedias como la ocurrida ahora en
Agramunt.
Esperemos
que en la próxima legislatura se establezca una suficiente financiación al
Sistema de Dependencia, que permita en el futuro que situaciones como las
vividas en Zaragoza y Lérida no se puedan repetir.
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