ASESINATO DE GABRIEL Y PRISION PERMANENTE REVISABLE

Cada cierto tiempo se producen crímenes atroces que provocan fuertes y emotivas reacciones en sectores de la opinión pública. Lo vimos hace unas semanas con el asesinato de Diana Queer y lo estamos viviendo ahora mismo con la muerte de Gabriel Cruz.

Los intentos de casi linchamiento de la presunta culpable han llenado las portadas y reportajes de los medios de comunicación, especialmente de algunos más propicios al sensacionalismo. Si la agresión a una presunta criminal nunca puede ser admisible ni justificarse como reacción lógica de dolor y condena, menos aún puede entenderse que se aproveche el clima emocional para hacer jugarretas electoralistas por parte de medios de comunicación, de dirigentes y grupos políticos.

Nadie debería agitar el malestar y fomentar incluso bajas pasiones, que sabemos dónde empiezan, pero nunca donde acaban.

Aunque seamos muchos los que nos quejamos de que las cárceles están muchísimo más llenas de condenados por delitos individuales de sangre o de tráfico de drogas, que por delincuentes de cuello blanco, en sus diversas modalidades, es evidente que nuestra legislación penal, reformada con cierta frecuencia y casi siempre con pretensiones de endurecimiento, así como nuestro sistema judicial, cuentan con suficientes y a veces excesivos instrumentos para perseguir los delitos y castigar con firmeza a los y las criminales.

Recuerdo cuando en los primeros años de la transición democrática, hubo varios indultos no estrictamente políticos y algunas reformas legales que actualizaron y moderaron las leyes autoritarias heredadas del franquismo o incluso del siglo XIX, se desataron campañas sobre el presumible aumento de la violencia y la delincuencia y a un supuesto “miedo a salir de casa” que nos había traído la democracia, algo que nunca se llegó a demostrar.

No son nuevos, por tanto, los intentos de aprovechar crímenes horrendos para endurecer la legislación penal, algo que igualmente surgía cada vez que ETA acometía alguno de sus muchos actos terroristas.

La petición de estos días de “la prisión permanente revisable”, o dicho en lenguaje de la calle, “la cadena perpetua”, por gente indignada ante el asesinato de un niño, que puede ser entendible aunque nunca justificable, no puede ser aprovechada políticamente para arañar más votos.

Hay que recordar que esa nueva figura legal, aprobada en la anterior legislatura con los únicos votos favorables del PP, ha sido fuertemente cuestionada por juristas y expertos, por jueces y fiscales, y por la mayoría de los partidos políticos, que recientemente pidieron su supresión, en este caso con el voto en contra del PP y la incomprensible abstención de “Ciudadanos” (olvidando sus pretensiones de ser un partido moderno, liberal, avanzado…).

Los políticos de la derecha y centro derecha, que compiten por ver quien es más duro con ese crimen, saben de sobra que con la actual legislación penal el castigo para la persona culpable va a ser tremendo, ya que se dan, en principio, muchas circunstancias agravantes para ello. Y por tanto lo que se pretende no es tanto castigo como venganza: “que se pudra y muera en la cárcel, que bien merecido lo tiene”.

Una sociedad democrática avanzada como la nuestra, no puede asumir esas posiciones. Al igual que en el pasado logramos erradicar la pena de muerte, tenemos que asumir que la cadena perpetua en la práctica destierra cualquier perspectiva de rehabilitación, de arrepentimiento, de recuperación para la vida social; un derecho que todas las personas, incluidos los y las criminales más horrendos, deben tener. Y no valen argumentos justificativos, de que la condena puede ser revisada, que lo puede ser, pero en un contexto de difícil aplicación. Como también hay que tener presente que esta reforma legal se produjo en un momento de ascenso del terrorismo yihadista, algo muy distinto a lo que pueden ser los crímenes de individuos particulares.

De ahí que resulte todavía más inaceptable que en las filas del PSOE, un partido que a lo largo de su historia ha tenido grandes juristas, grandes defensores y luchadores por los derechos humanos, surjan dudas ante esta cuestión y temor a perder votos si aparecen con una “imagen débil”.

La prisión permanente revisable debería desaparecer de nuestro Código Penal y desde luego bajo ninguna presión emocional ni interés electoral partidista, ampliar su campo de aplicación.

Ya estamos teniendo diversos retrocesos en materia de aplicación del Código Penal y de la legislación vigente, como acaba de poner de relieve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como para dar más y más contundentes pasos en esa dirección de limitación de derechos.

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