Nada más aprobarse por
el Congreso de los Diputados el nuevo cupo vasco, el gobierno del País Vasco,
una coalición del PNV con la participación minoritaria del Partido Socialista
de Euzkadi, han anunciado la reducción de impuestos en la Comunidad Autónoma, mas
o menos proporcional al ahorro que va a suponer ese nuevo cupo. Por otra parte,
ha trascendido que las negociaciones entre el PP y Ciudadanos para sacar
adelante los presupuestos del año 2018, incluye una reducción fiscal en torno a
los 2000 millones de euros, que según anuncian se notara en las aportaciones de
las clases trabajadoras y medias.
No voy a hacer la
demagogia que en su día hizo Rodríguez Zapatero de que bajar los impuestos es
una política de izquierdas, ni tampoco la contraria de pensar que la izquierda cuando
gobierna tiene que subir los impuestos por sistema.
La presión fiscal de un
país puede ser socialmente progresiva o regresiva no tanto por el volumen de
los impuestos en relación a la riqueza nacional (PIB), sino por la procedencia porcentual
de esos impuestos (del trabajo, del patrimonio, de las empresas, de los autónomos,
del consumo, ecológicos, etc.) y desde luego por los niveles de lo que se
conoce por gastos fiscales (es decir las diversas modalidades de eximir el pago
de impuestos) y por supuesto por el fraude fiscal, economía sumergida, evasión de
impuestos, etc. Y en segundo lugar esos
ingresos hay que relacionarlos con el tipo de gasto a los que se destinan. En
otras palabras, que haya una elevada presión fiscal, en sí no es un síntoma de justa
redistribución social; depende cómo se recaude y en qué se gaste. Hay países con
elevado gasto social p.e. en sanidad y sin embargo el gasto es bastante ineficiente
y los resultados mediocres.
Pero en todo caso la
experiencia nos demuestra que la presión fiscal y el gasto social son
indicadores que por lo general reflejan en casi todos los países cual es su nivel
redistributivo. Así en Europa los países nórdicos tienen en general elevada presión
fiscal y alto gasto social y los países mediterráneos por lo general tenemos
menor presión fiscal y menor gasto social.
¿Y cómo estamos
nosotros en relación a la media de la Unión Europea? Aproximadamente 6 puntos
menos del PIB en presión fiscal y en torno a 4 puntos menos en gasto en protección
social, lo que se concreta en unos 60000 millones menos de ingresos y unos
40000 millones menos en gasto social.
Es evidente que la equiparación
fiscal no tiene porque ser absoluta ni tampoco puede realizarse de la noche a la
mañana. Y lo mismo sucede en lo que se refiere al gasto social. Pero eso es una
cosa y otra muy diferente que no haya ninguna voluntad política para ir acortando
razonablemente y paulatinamente las diferencias en ambas materias. Las
decisiones del Gobierno Vasco, de moderado centro izquierda, y las del gobierno
del PP y su socio Ciudadanos, van justo en dirección contraria a lo que deberían
ir.
Es cierto que en el País
Vasco, como resultado de la propia presión de los socialistas a lo largo de los
últimos 40 años y de la evidente sensibilidad socialcristiana del PNV, las políticas
sociales están mas desarrolladas que en el resto de España, para lo que han
contado por supuesto con un mayor margen de ingresos por el sistema del
Concierto foral que regula la fiscalidad y gasto público en el País Vasco.
Pero
también es verdad que el País Vasco sigue teniendo agujeros en políticas sociales
como la atención a la dependencia, la universalización de determinadas
prestaciones sanitarias, la cobertura de desempleo a los jóvenes y parados de
larga duración, e incluso en los instrumentos de lucha contra la pobreza y exclusión
social, que aunque estén muy por delante de las restantes Comunidades Autónomas
(con la excepción de Navarra), siguen teniendo un nivel de población en riesgo de pobreza y exclusión
social que debería reducirse considerablemente. Todo ello por no hablar de las
carencias que aun existen en otras materias como Educación, Infraestructuras, inversión
en I+D+I, etc.
En definitiva, aunque
el País Vasco está por lo general mejor que el resto de España, tampoco esta
para echar las campanas al vuelo y a la primera de cambio bajar impuestos, reducción
que además, al parecer, va a dirigirse prioritariamente al impuesto de sociedades,
que es algo mas alto que en el conjunto de España.
En lo que se refiere a
la bajada de impuestos negociada por el PP y Ciudadanos, además de otras más
que a veces anuncia el ministro Montoro en función de los calendarios electorales
y de los intereses partidistas del gobierno, se trata de un cínico ejercicio de
demagogia. Esos 2000 millones que bajarían en los impuestos de las clases
populares, tienen como consecuencia menos gasto en dependencia, servicios sociales,
sanidad, educación, pobreza y exclusión social, etc. Es decir, los trabajadores
tendrán un ligero descuento en el IRPF, pero por el contrario van a tener que seguir
participando en el copago de prestaciones sociales y en aguantar largas listas
de espera en dependencia o sanidad, en actividades educativas extraescolares,
en recargar sobre las abuelas y madres las carencias en educación de 0 a 3 años….etc.
En resumidas cuentas, hoy
menos impuesto se traduce automáticamente en menos protección social y menos y/o
peores servicios públicos.
¿Por cierto, de todo
esto se esta hablando en la campaña electoral de Cataluña?
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