GARANTIZAR EL SISTEMA DE PENSIONES DE FORMA EFICAZ Y ESTABLE

Una propuesta esbozada por Pedro Sánchez, secretario general del Psoe, sobre la reforma de las pensiones, ha vuelto a generar una previsible polémica, al hacer referencia a un nuevo impuesto al sistema bancario para ayudar a la financiación del sistema público de pensiones.

Algunas observaciones al respecto. Merece la pena saludar el reiterado interés del PSOE y en especial de Pedro Sánchez, de abordar cuanto antes un imprescindible proceso de retocar el modelo de pensiones públicas de nuestro país. Sin embargo, da una cierta sensación de insuficiente reflexión sobre el alcance de ese posible nuevo impuesto (que en todo caso es solo una parte, y no la mas importante, de las propuestas que vienen haciendo los socialistas al respecto), sobre todo cuando era previsible el revuelo que se va a montar. Cuando se propone una iniciativa arriesgada políticamente, y establecer un impuesto a la banca sin duda lo es, los riesgos políticos deben compensar los resultados esperados. Con una banca como la que tenemos en España y con unos medios de comunicación mayoritariamente de derechas, hacer esa propuesta para conseguir 800 o 1000 millones de euros, menos del 1% del gasto en pensiones, es realmente poco adecuado. No es que el sistema financiero no debiera contribuir al bienestar social, más aún tras las ayudas públicas nacionales e internacionales que ha recibido, es que, si abres ese melón, al menos que merezca la pena. Y en mi opinión, tal y como parece estar diseñado, lo merece muy poco.

Para empezar a abordar el tema, hay que repetir una vez más, que la estabilidad financiera de la Seguridad Social no es tarea fácil ni económica ni políticamente. La mayoría de las reformas, o mejor sería decir “contrarreformas” del sistema de pensiones de los últimos diez años, se ha centrado sobre todo en un recorte del crecimiento del gasto presente y futuro. Es evidente que sería irresponsable no analizar la evolución del gasto y afrontar cómo es posible su contención en términos razonables, sin generar un recorte generalizado presente o futuro: la necesidad de abordar un mejor tratamiento de pensiones como las de viudedad, creadas en una época socioeconómica muy diferente a la actual; o la ubicación más adecuada de prestaciones que tienen mucho más que ver con políticas de apoyo a las familias o a la natalidad, que con el sistema de pensiones y que por lo tanto requerirían una financiación diferente a las cotizaciones, situándola estrictamente vía impuestos.

Pero más allá de reajustes de cierta importancia en la racionalización del gasto, insisto siempre sin recortar derechos legítimamente adquiridos tras largos años de cotización, el centro de atención debería ser la obtención de ingresos.

El crecimiento del empleo, la mejora de los salarios, y en primer lugar del salario mínimo, y la lucha contra la económica sumergida y la defraudación en las cotizaciones, son elementos decisivos para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Sin embargo, tanto el incremento del empleo como la mejora de los salarios, no se puede garantizar legalmente de forma eficaz, salvo en lo que se refiere al aumento del Salario Mínimo, que sí está en manos del gobierno y recientemente se ha firmado un acuerdo positivo, aunque modesto, al respecto.

En cambio,  en lo que se refiere a la persecución de las diversas formas de fraude en las cotizaciones, la propia Administración de la Seguridad Social tiene sobrada experiencia, si hay voluntad política en sus máximos responsables para mejorar su persecución, como se demostró hace 30 años con la creación e impulso de las Unidades de Recaudación Ejecutiva y otras medidas de reforzamiento normativo y de medios personales y materiales de la Tesorería de la Seguridad Social. Seguramente un buen funcionamiento de la represión del fraude daría a medio plazo muchos mejores resultados que el nuevo impuesto a la banca anunciado por Pedro Sánchez.

Pero además de esas actuaciones, hay que afrontar otras vías de incremento de los ingresos.

En mi modesta opinión, habría que descartar la financiación parcial del sistema de pensiones a través de aportaciones sistemáticas y estables de los Presupuestos Generales del Estado. La función redistributiva que tienen los PGE está fuertemente escorada hacia el apoyo a un segmento de la población, las personas mayores de 65 años, sobre todo en el ámbito de la sanidad, servicios sociales y dependencia. Dado el punto de partida de los años 70 y 80, en que ser viejo era sinónimo de desamparo y pobreza, era imprescindible tal prioridad presupuestaria. Afortunadamente hoy las personas mayores de nuestro país son las que globalmente mas han mejorado sus condiciones de vida y han reducido en mucha mayor medida las situaciones de riesgo de pobreza. Es, por tanto, el momento de sin perder esos avances, fijar como prioridad la situación de las y los jóvenes. La adecuada formación educativa y profesional, el acceso a la vivienda, el apoyo a la inserción laboral, la ayuda a la natalidad y al cuidado de los hijos…deben ser objetivos fundamentales de las políticas sociales. En definitiva, no se deberían retraer nuevos recursos de los PGE para sostener el sistema de pensiones.   

Hay que afrontar que el actual modelo de cotización responde a unos criterios ya desfasados, tanto en lo que se refiere a las cotizaciones empresariales como las de los trabajadores por cuenta ajena, funcionarios y autónomos. El modelo de cotización debe superar los criterios tan rígidos y uniformes que les caracterizan y amoldarse a la enorme diversidad del mercado de trabajo, público, privado y autónomo. A título de ejemplo, no tiene ya ninguna lógica que proporcionalmente coticen con el mismo parámetro empresas intensivas en mano de obra y empresas de reducida plantilla y alta productividad; pequeños talleres o comercios y empresas multinacionales como Zara, Movistar o el Banco Santander; pequeños autónomos y prestigiosos profesionales liberales de elevados ingresos…y un amplio etc.

En lo que se refiere a las cotizaciones de los trabajadores, hay que abordar el peliagudo tema del incremento selectivo de los tipos de cotización. Más importante que el destope de las cotizaciones, que hay seguir manteniendo paulatinamente, hay que incrementar el tipo de cotización a partir de determinado nivel salarial, que bien podría fijarse desde los 1000 euros mensuales, elevando algunas décimas el tipo, incremento que iría aumentando progresivamente en la medida que fueran mayores los ingresos. Incremento del tipo de cotización que podría entrar en vigor de forma paulatina y que al final podría establecer el tipo máximo de cotización para los salarios más altos al menos en el 6%; y en función de sus resultados se debería reevaluar periódicamente.

Es evidente que es una medida que no caerá bien a todo el mundo, por lo que los sindicatos de clase deberían implicarse a fondo en su explicación y defensa, bajo la idea de que es mejor garantizar el futuro de las pensiones con una mayor contribución, redistributiva y solidaria, durante la vida laboral y evitar los riesgos de recorte futuro. Estoy convencido de que la mayoría de la gente compartiría este tipo de reforma, para garantizar el futuro de unas pensiones dignas.

Es evidente que la diversificación en las cotizaciones hace más compleja la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social y de los instrumentos de control del mercado de trabajo. Igualmente es muy posible que un sector empresarial, en connivencia con sus trabajadores mejor retribuidos, busquen fórmulas para ocultar o camuflar una parte de los ingresos reales. Sabemos que las Administraciones Públicas por costumbre son reacias a la diversidad en la gestión y prefieren la homogeneidad, pero con los enormes avances tecnológicas e informáticos actuales, gestionar bien la diversidad es posible.

En definitiva, reformar el sistema de cotización es una vía, solidaria, redistributiva y eficaz, (desde luego no exclusiva) para incrementar los ingresos del sistema de pensiones. Eso sí, hay que tener la firmeza y coherencia política y sindical para asumir este tipo de propuestas, que en todo caso exigirían una ejecución escalonada en el tiempo, pero que sin duda en lo inmediato levantarían críticas e incomprensión desde ámbitos oportunistas, demagógicos o simplemente desinformados.