En estos días se ha estado conmemorando
el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de atención a la dependencia.
El Presidente Rodríguez Zapatero ha tenido un protagonismo especial al
respecto. Es lógico, al fin y al cabo fue su gobierno quien presentó el
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados; iniciativa legislativa de gran
trascendencia que vino a cubrir parcialmente un vacío importante en nuestro
sistema publico de protección social.
Dicho esto, resultan un tanto maniqueos
algunos de los mensajes que se han difundido en torno a la aprobación y
aplicación de esta ley. Parece como si todo el merito lo hubiera tenido el
gobierno de Rodríguez Zapatero y todos los problemas de su aplicación fueran
responsabilidad de los sucesivos recortes (primero del propio Rodríguez
Zapatero y sobre todo después por parte del gobierno de Rajoy). Y la realidad
no es exactamente así.
Para empezar hay que recordar que fueron
los profesionales y responsables políticos y administrativos del INSERSO
quienes ya desde la aprobación del Plan Gerontológico en 1991, pusieron de
relieve la urgente necesidad de desarrollar un sistema de atención a la
dependencia de carácter publico y universal, señalando el retraso que llevaba
nuestro país en relación a otros estados con niveles de envejecimiento
similares al nuestro.
Durante toda la década de los 90 el
INSERSO no paró de realizar estudios, jornadas, seminarios, publicaciones, etc.
en torno a la dependencia, contando, entre otros, con el inestimable apoyo científico
del Pr. Gregorio Rodríguez Cabrero. Incluso a mediados de esa década se elaboró
un proyecto de ley. Los esfuerzos de los profesionales y responsables del
INSERSO no obtuvieron eco alguno ni en los dos últimos gobiernos de Felipe González,
ni en el primero de José María Aznar. Es verdad que políticos como Matilde Fernández,
Amalia Gómez y Manuel Pimentel compartieron la opinión del INSERSO, pero se
encontraron con la negativa de los respectivos Ministros de Economía y
Hacienda, asustados por los costes que ello podría tener.
La campaña del INSERSO no cayó en saco
roto. Las organizaciones de personas con discapacidad (en especial el CERMI),
las de pensionistas (con el Consejo Estatal de Mayores) y cada vez un mayor
numero de expertos y profesionales (Colegio de Psicologos, Consejo de
Trabajadores Sociales, etc. empezaron a demandar con insistencia la aprobación
de un sistema de dependencia.
Los sindicatos y sobre todo CCOO, desde
el principio del siglo XXI asumieron la atención a la dependencia como un
objetivo fundamental de la política social. Incluso CCOO presentó una propuesta
legal al respecto. El acuerdo suscrito con el segundo gobierno de Aznar en
abril del 2001, contemplaba por primera vez el compromiso de negociar una ley.
No se cumplió.
Los sindicatos, las ONGs, expertos y
profesionales, también organizaciones feministas, siguieron dando la batalla,
logrando que en las elecciones del 2004 todos los partidos recogieran ese
compromiso en sus programas. Aun y así, el nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero
al principio fue bastante renuente. Afortunadamente en el IMSERSO, tras cuatro
años de degradación, de nuevo volvieron las posiciones progresistas a
presionar. Por fin, en el año 2005 se abrió una mesa de negociación con los
sindicatos, la patronal y el gobierno.
Las negociaciones no fueron fáciles. La
patronal no estaba por la labor de establecer un sistema público y universal de
atención a la dependencia. El gobierno estuvo muy titubeante. Y a los
sindicatos la conjunción gobierno-patronal (ayudados desde fuera de la
negociación por los partidos nacionalistas y bastantes responsables de las
Comunidades Autónomas) nos metió un tremendo gol al excluir la dependencia del ámbito
de la Seguridad Social, como pedíamos una desde los profesionales del IMSERSO
hasta los expertos pasando por las ONGs. En mi opinión los Sindicatos no fuimos
lo suficientemente firmes al respecto. Y era un tema crucial, ya que de ello dependía
la garantía de financiación suficiente y estable.
La negociación terminó con un Acuerdo de
las tres partes, que si bien estaba un tanto desvaído en temas cruciales, permitía
preparar un buen proyecto de ley y también favorecer el apoyo del PP.
El proyecto de ley supuso un avance
sobre el Acuerdo tripartito, pero mantenía serios interrogantes en cuanto a la financiación,
al carácter universal y gratuito del derecho, en relación a la oferta de
servicios, la coordinación sociosanitaria, el papel de la iniciativa privada, etc.
La tramitación parlamentaria fue igualmente conflictiva. Con los nacionalistas
amenazando con futuros recursos de inconstitucionalidad, las Comunidades Autónomas
poniendo pegas, la patronal del sector de servicios sociales quejándose, etc. y
el Ministerio de Trabajo vacilando mas de lo necesario. Afortunadamente hubo
significativos respaldos para tirar hacia delante. Además de los responsables
del IMSERSO (que por cierto “engañaron” al área económica del gobierno
presentando una memoria económica del proyecto de ley bastante inferior a los
datos reales, para que “colase” con más facilidad), de los Sindicatos y del
CERMI, hay que resaltar el apoyo firme de muchas diputadas socialistas, de l@s
parlamentari@s de IU-ICV y también de ERC (que en esta ocasión dio prioridad de
la mano de Joan Tarda a la cuestión social sobre la identitaria).
Algunos pusimos de relieve que la ley
encerraba sensibles carencias y sobre todo ambigüedades que iban a hacer
difícil su adecuado desarrollo. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón.
Por tanto la ley, siendo sin duda un
avance muy considerable, nació con notables limitaciones. Lo que no sabíamos
cuando se aprobó la ley, es que esta iba a ser una de las primeras victimas de
la política de recortes. ¡Tantos años esperando la ley y cuando se aprueba
coincide con el inicio de la crisis!
Sus carencias y ambigüedades fueron un
perfecto caldo de cultivo para pasar la cuchilla y realizar sucesivos recortes.
Las propias insuficiencias históricas de los servicios sociales de nuestro país
hubieran exigido un esfuerzo adicional y paralelo en el impulso de los
servicios sociales y ha sido al revés, la escasa financiación de la dependencia
encima ha drenado los insuficientes recursos de servicios sociales.
Dos apostillas finales. La
responsabilidad de la desfiguración de la ley de dependencia no es solo de los
gobiernos de España (Rodríguez Zapatero y sobre todo Rajoy), es también en gran
medida responsabilidad de la poca voluntad política de la inmensa mayoría de
los gobiernos autonómicos, incluidos los del PSOE y muy en especial Andalucía,
Canarias y Murcia. Así que alguna presidenta autonómica debería echarse menos
flores al respecto y mirar los datos reales de la situación en su autonomía.
Por último, reflotar la ley de
dependencia no es imposible o inviable. Requiere menos del 1% del PIB y en relación
con el gasto actual, en torno a 5.000 millones adicionales. Por supuesto que es
dinero, no voy a hacer demagogia frívola, pero es perfectamente asumible por el
conjunto de las Administraciones Públicas, máxime teniendo en cuenta los
inmediatos efectos que tendría en la creación de de decenas de miles de empleos
estables y por tanto en un retorno parcial a las arcas públicas en forma de
impuestos y cotizaciones.
En definitiva, menos celebraciones y mas
compromisos concretos de TODAS las Administraciones Públicas para desarrollar
el sistema de atención a la dependencia que necesita nuestra sociedad.
Muchas gracias por esta necesaria información que sitúa en sus justos términos lo ocurrido. Con tu permiso lo comparto
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