Después de casi 39 años de democracia,
quien más quien menos sabemos que los programas, los compromisos, los
documentos, los planes, incluso las leyes, etc. si no tienen detrás la memoria económica,
la propuesta de financiación, dónde y cómo se van a generar los recursos y cuáles
van a ser los plazos de ejecución, sirve para poco o mejor dicho sirve para
generar frustración cuando se incumplen.
De ahí que resulte fundamental concretar
al máximo cuánto va a costar el pacto de investidura y sobre todo cuál será la
forma de pago.
Si partimos de la realidad de que el
pacto va a ser difícil, que la legislatura podría no ser muy larga, que en el
mejor de los casos va a haber gobierno dos terceras partes de este año y que
tenemos obligaciones ya vencidas de recorte de déficit por importe de unos 10.000 millones de euros,
llegaremos a la conclusión de que habrá que afinar mucho y fijar muy bien las
prioridades.
La primera papeleta que va a tener
encima el nuevo gobierno es la reducción del déficit publico, que como ya he
señalado se estima en unos 10.000 millones de euros, pero que puede ser algo más,
en función de las sorpresas que haya dejado el Ministro Montoro en su despacho
y algunas otras que pudieran aparecer en diversos gobiernos autonómicos. Es
cierto que el nuevo gobierno puede tener argumentos para negociar con la Unión
Europea una mayor flexibilidad en la reducción del déficit y que en lugar de
10.000-12.000 millones, se pueda quedar en 5.000-7.000 millones. Pero no
olvidemos que lo que se pueda retrasar en este año, habrá que sumarlo a las
reducciones de déficit de los próximos 2017 y 2018...
En segundo lugar hay que hacer
frente varias medidas urgentes de índole
social: lucha contra la pobreza severa, atención a la dependencia e incremento
de la cobertura de los parados de larga duración.
Los cálculos estimados en su día por
CCOO para la implantación de un sistema estatal de rentas mínimas, que pudieran
cubrir paulatinamente 700.000 hogares sin
ingresos, podrían tener un coste en torno a 3.000 millones de euros/año,
cuando estuviera razonablemente desarrollado. A su vez la recuperación del
proceso de aplicación del nuevo Sistema de atención a la Dependencia,
revirtiendo los recortes establecidos en la segunda legislatura de Rodríguez
Zapatero y sobre todo por el gobierno de Rajoy, exigirían una aportación
adicional por la Administración General del Estado en torno a los 2.000
millones de euros. Por ultimo, incrementar moderadamente la cobertura de
desempleo de los parados de larga duración, podría exigir un gasto en desempleo
adicional en torno a 3.000-5.000 millones de euros/ año, al menos mientras la
tasa de desempleo se sitúe por encima del 12%-15%.
En tercer lugar, hay que afrontar el proceso
de reversión de los recortes en educación y asistencia sanitaria, en la doble
vertiente de mejora de los equipamientos y mejora de la dotación y condiciones de
los profesionales. Aquí las estimaciones pueden ser diversas, en función del
calendario de recuperación de los niveles de calidad y universalidad de antes
de los recortes. Sin duda una cifra muy razonable y moderada podría situarse en
un esfuerzo adicional en torno a 5.000-7.000 millones de euros en cada uno de
los próximos años, aunque fuera de forma escalonada.
Por ultimo, resulta de una evidente urgencia,
retomar la senda de crecimiento del gasto público en I+D+I, que se inició en la
primera legislatura de Rodríguez Zapatero, que después sufrió un severo frenazo,
para terminar con un retroceso en la legislatura del PP. Incrementar un 0’5%
del PIB en esta materia, imprescindible para mejorar la competitividad de
nuestra economía, nos acercaría algo más a la media de los estados más
desarrollados y eso requiere un gasto adicional en torno a 5.000 millones de
euros, aunque también pudiera tener un proceso paulatino en dos o tres años.
En definitiva nos estamos moviendo en
una horquilla de necesidades de gasto adicional entre 15.000 millones de euros
y 22.000 millones de euros; la primera cifra podría ser menor en el año 2016,
en función de cuando empiece a estar operativo el nuevo gobierno y la segunda
cifra sería el escenario previsible para el año 2018.
Y a ello habría que añadir a efectos de
disponer de ingresos adicionales, la cuantía necesaria para cumplir la reducción
del déficit que se pactaría con Bruselas, entre 5.000 millones de euros y
12.000 millones de euros.
No voy a ser tan frívolo como decir que
conseguir unos ingresos adicionales totales de 20.000 millones de euros en un
primer periodo y 34.000 millones de euros en una segunda fase, es calderilla.
Ni mucho menos, pero es una cuantía asumible dado que estamos hablando de un
crecimiento de los ingresos públicos del 2%-3% del PIB, que todavía nos colocaría
claramente por debajo de la media de la Unión Europea. Sin olvidar que el gasto
social propuesto se traduciría de manera inmediata en más consumo y más empleo.
Dicho esto, hay que tener presente que
hay tres vías de conseguir los referidos ingresos adicionales: vía incremento
de la recaudación fiscal, reducción de la maraña de subvenciones, exenciones y
bonificaciones diversas y a través de revisión y reasignación de gastos.
Es evidente que la primera vía, la mas
importante y eficaz, no es automática ni rápida; requeriría una reforma fiscal progresiva
que habría que pactar con un amplio espectro de fuerzas políticas y que en el
mejor de los casos llegaría para el año fiscal del 2017. Es cierto que antes se
podrían incrementar algo los ingresos fiscales con una mayor eficacia de la
Agencia Tributaria en la persecución de las diversas formas de fraude fiscal.
La revisión de exenciones y
bonificaciones, subvenciones etc., que en sí tiene efectos más rápidos de
ahorro de gasto fiscal, sin embargo hay que hacerlo con cuidado para evitar
efectos indeseables de deslocalización de empresas o de inmersión en la economía
sumergida de determinadas actividades. Estas revisiones deben ser muy bien
explicadas a la opinión publica y por supuesto a los directamente afectados
(empresas, autónomos, etc.) para neutralizar las campañas de diversa índole que
sufriría el nuevo gobierno en el momento que empezar a retirarlas.
Por ultimo la revisión y reasignación de
gastos del ámbito público, en la que se debe distinguir aquellos gastos que hay
que suprimir por “decencia democrática”, pero de escasa incidencia
presupuestaria (p.e. los coches oficiales), de los gastos que realmente no son prioridades
para el buen funcionamiento de las administraciones publicas, los servicios públicos
de carácter social y las políticas publicas y que sí tienen un serio impacto presupuestario.
La supresión o integración de organismos de las Administraciones Públicas, y no
solo en la Administración General del Estado, la modernización, informatización,
racionalización y optimización de
servicios, o el reajuste de inversiones publicas no suficientemente
justificadas, requieren sobre todo firmeza y decisión política y complicidad
social. Esta revisión y reasignación de gastos, tampoco surte efectos
inmediatos, pero a medio plazo supondría una mejora notable del gasto público.
Así pues nos movemos entre dos polos.
Por un lado la urgencia de acometer moderadamente nuevos gastos sin incrementar
el déficit y además reduciéndolo y por otro la constatación de que la financiación
de los mismos requiere un calendario realista de consecución.
En definitiva el pacto progresista tiene
un coste económico de alrededor de 25.000 millones de euros. Cifra que puede
ser asumida por el PSOE, PODEMOS, IU, Ciudadanos y el PNV.
Cuestión distinta son otras vertientes
políticas del Pacto: reforma puntual de la Constitución, reforma de la ley
electoral y lucha contra la corrupción.
Pero la inmensa mayoría de nuestra sociedad lo que esta esperando es
precisamente que se afronten de manera rápida los problemas sociales que les
afectan en su vida cotidiana y no hay escusa que valga para no hacerlo ya.
Excelente artículo
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