En estas semanas preelectorales, esta
siendo un tema recurrente el futuro de nuestro sistema público de pensiones y
en especial las referencias a la llamada “hucha de las pensiones”. Llama la atención
el poco rigor con el que la mayoría de los dirigentes políticos se están
refiriendo a ello, siguiendo de manera irreflexiva los comentarios y artículos
que aparecen en los medios de comunicación, casi todos en la misma línea
alarmista, frecuente desde 1978 (en que nuestra Constitución reconoció el sistema
público de Seguridad Social) y con intereses muy acordes con los del sector
financiero.
Pero lo que resulta impresentable son
las alusiones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, rebautizado como
“Hucha de las pensiones”. No es tan solo lo inapropiado del término, es que
revela un profundo desconocimiento del modelo de sistema de pensiones que
tenemos.
Nuestro sistema de pensiones es de
“reparto”, es decir que el pago de las pensiones contributivas en vigor,
se financia con los ingresos de los actuales activos, salvo los complementos
que garantizan unas cuantías mínimas para las pensiones mas bajas, que dado su
carácter de solidaridad y redistribución social, se pagan por cuenta de los
impuestos generales. Y en ese marco ¿qué es y para qué sirve el Fondo de
Reserva?
Es un Fondo creado al principio del
siglo XXI, en un periodo de altos ingresos por cotizaciones, dado los buenos
niveles de empleo y aceptables salarios existentes en esos años, que generaba
un cierto superávit de la Seguridad Social. Un Fondo destinado a hacer frente a
coyunturas desfavorables, en que cayera el empleo y/o los salarios, y hubiera
dificultades para financiar la totalidad de las pensiones. Cuando se creó, se
pensaba en periodos cortos de crisis económica, como los vividos entre 1992 y
1995 o a principios de los años 80 del siglo XX. Por tanto no tiene nada de
“hucha”, en todo caso es una especie de “fondo de maniobra coyuntural”.
El Fondo de reserva esta sometido a rígidos
controles y su gestión esta muy reglamentada para su utilización por los
poderes públicos, tanto en la aplicación al pago de las pensiones, como a la
hora de invertir una parte o la mayoría del mismo en inversiones, para evitar que
sean de riesgo o especulativas. Por ello resulta, en mi opinión, una frivolidad
atacar, por meros intereses partidistas y electorales del momento, al actual
gobierno por el supuesto “despilfarro” del Fondo. Hay otros muchos y más
importantes motivos de crítica al PP, pero lo ocurrido en los últimos años con
el Fondo de Reserva no hubiera sido muy distinto de gobernar la izquierda. Cuestión
muy distinta es criticar determinadas medidas adoptadas por el gobierno en
materia de cotizaciones, o su pasividad para afrontar medidas para mejorar el
sistema de ingresos y gastos de la Seguridad Social, que inevitablemente han
obligado a utilizar más el Fondo de Reserva.
Quien haya leído hasta aquí, puede
preguntarse a qué viene esa disquisición, aparentemente bizantina, sobre lo
inapropiado de considerar el Fondo de Reserva como “la hucha de las pensiones”.
Estaríamos apañados si el futuro de las
pensiones dependiera de esta u otra hucha. El futuro de las pensiones, depende,
sobre todo, de unos saneados ingresos como resultado de un elevado nivel de
empleo y de unos salarios razonables, dos factores que hoy no se dan por mucho
triunfalismo que quiera transmitir Rajoy, y de un adecuado diseño de las prestaciones.
Habitualmente cuando se habla de
garantizar el futuro de las pensiones solo se hacen referencias al ajuste del
gasto y no a la mejora de los ingresos. Es cierto que la clave de la
sostenibilidad esta en mas empleo y mejores salarios, pero también hay otros
instrumentos para mejorar los ingresos. En primer lugar, revisando el sistema
de cotizaciones actual, por el que, más allá de las diferencias en las cuantías
de los salarios, pagan lo mismo las
empresas con elevada productividad y elevados beneficios que las pequeñas
empresas con muy ajustada o nula rentabilidad. Que tengan los mismos tipos de cotización
una peluquería, un bar o un taller que Zara o el Banco de Santander no parece
razonable, aunque comprendo que políticamente es difícil modular los tipos de cotización
empresariales de esta froma, sin que la CEOE le declare la guerra al gobierno.
Hay un segundo margen de maniobra en materia
de ingresos, al menos a medio plazo, como es el combate articulado (Agencia
Tributaria, Inspección de Trabajo y Tesorería de la Seguridad Social) contra la
economía sumergida en sus múltiples formulaciones. Soy consciente de que la economía
irregular no tiene fácil erradicación, pero entre hacerla desaparecer y
resignarnos a vivir con un 20-25% del PIB en el mercado negro, hay un termino
medio, que podía beneficiar de manera sustancial a los ingresos de la Seguridad
Social.
Por ultimo, habría que revisar la amplia
gama de bonificaciones, desgravaciones y exenciones de cotizaciones e impuestos
que lastra nuestro sistema de cotizaciones y fiscal, y cuyos “efectos
milagrosos” en la creación de empleo hasta ahora no se han demostrado de manera
fehaciente.
Por tanto margen para mejorar los
ingresos, haberlo, haylo.
En lo que se refiere a los gastos, un
gobierno decidido políticamente y con buena interlocución social, debería
afrontar una reforma en el diseño de nuestro sistema de protección social, diferenciando
claramente las prestaciones sociales relacionadas con el trabajo (pensiones de
jubilación e invalidez y bajas de Incapacidad Transitoria), de lo que en
realidad son prestaciones de apoyo a las familias (pensiones de viudedad,
orfandad y prestaciones por hijo a cargo). Las primeras deberían seguir
financiadas con cotizaciones, las
segundas pasar a pagarse con impuestos generales.
Es cierto que una reforma de este
calado, incluyendo un replanteamiento a medio plazo del actual modelo de
pensiones de viudedad, pone lo pelos de punta a cualquier gobierno y hace
frotarse las manos a cualquier oposición irresponsable, pero algún día habrá
que afrontarlo, con periodos de transición adecuados y sobre todo con buena
comunicación y relación con los sindicatos y organizaciones sociales
implicadas.
Diferenciar conceptual, jurídica y
financieramente pensiones de jubilación e invalidez y el resto de las actuales
prestaciones económicas de la Seguridad Social, consolidaría por muchos años la
financiación de las pensiones de jubilación e invalidez. Y las demás
prestaciones económicas, con los rediseños oportunos, podrían financiarse por los impuestos
generales, al igual que la dependencia, la sanidad, la educación o los
servicios sociales de atención primaria.
Una reforma de estas características de
nuestro sistema de protección social requiere negociación política, dialogo
social, buena comunicación, transparencia y periodos de implantación bien
medidos y desde luego aguantar las tremendas ofensivas que lanzarían los
sectores financieros, al ver reducidas sus expectativas de negocio con un
sistema privado de pensiones que, desaparecidas las amenazas catastrofistas
sobre las pensiones públicas, tendrían muchos menores alicientes para la mayoría
de la población.
Para todo ello resulta imprescindible un
debate riguroso y abandonar las simplezas o la demagogia, como es el caso de la
“hucha de las pensiones”.
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