A la hora de que España organice la
acogida de refugiados, siguiendo los acuerdos de la Unión Europea de acogida de
refugiados, hay que intentar aclarar algunas cuestiones que los medios de
comunicación o los gobiernos están manejando de forma confusa.
El derecho nacional y el internacional distingue entre inmigrantes
económicos (personas que huyen de un país ante la falta de posibilidades de
tener unas condiciones de vida mínimamente dignas), desplazados
(personas, por lo general familias enteras, que abandonan su hábitat de origen
por razones de una catástrofe natural, una guerra, un conflicto armado o
incluso una hambruna o una pandemia sanitaria de graves dimensiones, pero con
la voluntad de volver si desaparecen o se resuelven las causas que les hicieron
marcharse) y los refugiados (personas que de manera concreta sufren persecución o tienen claros riesgos de
padecerla por motivos políticos, étnicos, religiosos o de orientación sexual y
que por lo tanto requieren una protección especial, reforzada y duradera).
Aunque a menudo no es fácil discernir
cada caso personal o familiar, la avalancha que está llegando a las fronteras
de la Unión Europea mayoritariamente son desplazados e inmigrantes económicos y
tan solo una pequeña minoría podrían ser considerados refugiados en sentido
estricto. Aunque por supuesto todos estén sumidos en una grave situación y
necesiten apoyo, las medidas no pueden ser iguales.
Esta diferenciación que a primera vista
podría ser considerada una disquisición meramente jurídica y hasta interpretarse
como poco solidaria, tiene enorme importancia a la hora de establecer la
respuesta adecuada. Los inmigrantes económicos deben tener el tratamiento que
la legislación de la Unión Europea y cada país en particular establece,
teniendo muy en cuenta la situación económica, social y los niveles de paro
nacional existentes en cada estado. No pueden hacer lo mismo Alemania y los Países
Nórdicos que los países mediterráneos y en especial España y Grecia.
Los desplazados, deberían ser atendidos preferentemente
en lugares lo más próximos posibles a su lugar de origen, dado el carácter que
se supone temporal de la causa del desplazamiento. No es un tema fácil, ya que existe
el evidente riesgo de crear inmensos “campamentos-ghettos”, de difícil administración
y gestión, muy costosos de mantener si se quiere que reúnan condiciones dignas
de habitabilidad, con dificultades de adecuada atención a niños, ancianos y
enfermos y con frecuentes problemas de convivencia, sobre todo si se prolonga
la permanencia y acogen a decenas o centenares de miles de personas.
Los ejemplos de los palestinos o de los
campamentos con desplazados en diversos lugares de África son claros
“contraejemplos” de lo que debe ser un campamento de acogida de desplazados. Al
final, si el campamento se cronifica, hay que contar con que buena parte de los
desplazados se transforman en inmigrantes económicos.
Si de lo que se trata es de acogida a
refugiados, hay que tener presente que la legislación nacional y las
disposiciones internacionales establecen que no hay que limitarse a dejarles
entrar y atenderles unas semanas o unos pocos meses. La política de refugio
conlleva, aparte de la atención básica (alojamiento, alimentación, vestido, atención
sanitaria), el propiciar la integración a medio plazo en el país, mediante la
enseñanza del idioma, la inserción laboral y en su caso la formación
profesional, el acceso a una vivienda, todo ello de forma directa o bien con adecuadas
ayudas económicas.
En definitiva el status jurídico de refugiado
implica unos derechos reforzados, tanto en España como en la Unión Europea y en
general en los estados democráticos y no solo una mera acogida humanitaria.
La Administración del Estado en España
dispone de 4, he dicho bien, 4, Centros de atención a Refugiados (C.A.R.), que
en su día puso en marcha y gestionó el INSERSO y que hoy dependen de la Dirección
General de Migraciones, con un número de plazas en torno a 500 y que siempre
suelen estar ocupadas. Hay también plazas subvencionadas o concertadas con ONGs
especializadas, que pueden llegar a otra cifra similar. Y en casos
excepcionales se han utilizado temporalmente algunos hoteles de modesta
calidad. Alguna Comunidad Autónoma cuenta también con algunos centros y plazas
que en alguna ocasión se han utilizado para acogida de refugiados, pero que en
general no están especializados para una adecuada atención. Y eso es todo. Por
eso el gobierno ante las demandas de la Unión Europea, no sabe muy bien qué hacer, más allá de aprobar un crédito
extraordinario de 200 millones de euros, que es un buen paso pero a todas luces
insuficiente.
Tuve la ocasión de estar al frente del
INSERSO cuando las operaciones de acogida a refugiados bosnios y kosovares en
la década de los 90. Eran cifras mucho mas reducidas y aun y así tuvimos serios
problemas para afrontar la acogida a estos refugiados, empezando por la poca
sensibilidad, tanto del Ministro de Hacienda del PSOE como después del PP, para
disponer de una financiación extraordinaria adecuada. Como en tantas ocasiones
Cruz Roja, CEAR y ACNUR, entre otras, echaron muchas manos para facilitar la atención.
Al igual que ahora, unas decenas de
Ayuntamientos y algunas entidades
sociales o religiosas se ofrecieron a acoger a refugiados y lo hicieron y
fueron muy importantes para atender la demanda inmediata de sacar urgentemente a
la gente de donde estaban con grave riesgo de su vida. Pero a los muy pocos
meses, estaban agobiados y empezaron a decir que ya no podían seguir atendiéndoles
y nos los iban pasando a la Administración General del Estado.
Hay otro elemento a tener muy en cuenta.
Los CAR y los profesionales del INSERSO y de las ONGs especializadas, estaban
acostumbrados a atender a refugiados procedentes sobre todo de las dictaduras
aun existentes entonces en Latinoamérica, algunos procedentes de Cuba, algunos
de Irán, Irak o Argelia; la mayoría de ellos eran cuadros políticos, con un
nivel cultural y profesional elevado, con gran capacidad personal para
integrarse en la sociedad española y sin especiales problemas de convivencia
entre ellos.
En el caso de los bosnios y kosovares,
las cosas fueron muy distintas. Bastantes eran personas con una experiencia
militar, en diversas modalidades de lucha armada, muchas de ellas con vivencias
de tremendo dramatismo, con profundos traumas psicológicos, la mayoría con unos hábitos culturales no aceptables (muy
en especial el trato discriminatorio a las mujeres) y que hacía muy difícil la
convivencia en los centros con choques entre diversas religiones y etnias. Todo
ello requería un apoyo muy personalizado y especializado, que no siempre
estuvimos en condiciones de dar, pero que los profesionales con gran esfuerzo y
dedicación buscaron afrontar de la mejor
manera posible.
Tampoco hay que silenciar que hubo
problemas complejos con refugiados con acusaciones de haber cometido delitos en
la guerra, otros sobre los que la policía española y otros refugiados tenían
serias sospechas de que pudieran ser agentes infiltrados para conocer y
detectar a personas exiliadas, incluso hubo quienes estando en el programa de
acogida se vincularon en España a redes mafiosas o delictivas.
El perfil de los refugiados que nos van
a llegar tiene mucho más que ver con los bosnios y kosovares, que con los
latinoamericanos. Incluso con mayor fragmentación ideológica, étnica y
religiosa que aquellos.
Señalo todo ello, no para cuestionar una
política solidaria de acogida a refugiados, sino para no caer en el
voluntarismo sin más y conseguir las condiciones para que la atención sea digna
y adecuada. No es suficiente con colocar carteles dándoles la bienvenida,
desgraciadamente hay que poner muchos, costosos y especializados medios
personales y materiales para atenderlos.
De esto tienen que ser conscientes los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas,
las ONGs y las entidades religiosas.
Organizar el programa de acogida pasa en
primer lugar porque la Administración General del Estado facilite información
lo más clara y concreta del perfil de quienes van a ser incluidos en el
programa y cuales van a ser los tiempos de llegada. En segundo lugar, hay dejar
muy claro en una Comisión de Coordinación
qué es lo que va a aportar cada Administración (financiación, centros o plazas
y profesionales) y por cuánto tiempo y lo mismo en lo que se refiere a entidades
sociales o religiosas. En tercer lugar, la Administración General del Estado
tiene que reforzar de forma sustancial y urgente los medios personales y
materiales para la tramitación de la solicitud individualizada de la condición
de refugiado, para evitar, como viene siendo habitual, que se demore meses y
meses.
Si no hay una organización y
planificación detallada del programa de acogida, podrá convertirse en un
desastre y en un serio problema a medio plazo. Estamos ante un tema complejo,
sobre el que tenemos limitada experiencia y escasos medios y en el que sobran
los gestos para la galería.
No hay comentarios:
Publicar un comentario