En la medida de lo posible procuro no
hacer demagogia, pero a veces me resulta muy difícil evitarlo. Viene a cuento
de tres noticias aparecidas recientemente. La indemnización conseguida por
Cesar Alierta, lo que cobran jornaleros que recogen naranjas en Andalucía y la finalización
del programa que el gobierno pactó con los sindicatos para establecer una
moderada ayuda para determinados parados sin ningún tipo de prestación.
No estoy en contra de que los altos
ejecutivos y por tanto los máximos responsables de grandes empresas de ámbito
internacional estén muy bien retribuidos, en función de las responsabilidades
que asumen y de los resultados que logran. Y por ello creo razonable que cuando
abandonan, la empresa por razones de edad u otras (excluyendo claro esta cuando
han realizado una gestión desastrosa), perciban una adecuada indemnización,
complemento de pensión o como se quiera llamar. El problema es cuando las
dimensiones de esa indemnización se alejan tantísimo de lo razonable que
producen escándalo y vergüenza.
Cesar Alierta, Presidente de Telefónica
ha cobrado nada menos que 35’5 millones de euros. No voy a hacer la traslación
a pesetas, porque alguien puede pensar que ya no puede servir de referente. Lo
voy a convertir en prestaciones del Programa de Activación para el empleo, que
firmó el gobierno con los sindicatos en diciembre del 2014 y que establecía una
ayuda de 426 euros al mes durante seis meses, para parados sin ningún tipo de
prestaciones. Protección que el gobierno ha decidido dar por concluida en este
mes de abril. Pues bien, con la indemnización de Alierta podrían cobrar durante
seis meses la referida prestación
138.888 parados, con la precisión de que supondrían 38.888 parados más de los
que han cobrado en el casi año y medio de vigencia de la misma.
Pero Cesar Alierta no es el que más ha
cobrado por ahora. Ángel Corcostegui cobró hace 17 años 108 millones de euros,
Alfredo Sanz, 88 millones de euros y Francisco Luzón, 56 millones de euros,
todos ellos altos cargos del sistema bancario. Un sector que, dicho sea de paso,
ha realizado continuas reducciones de plantilla en los últimos años.
Lo peor de esta realidad es que son
precisamente los altos dirigentes de las finanzas o de las grandes empresas
españolas multinacionales, los que periódicamente y con insistencia digna de
mejor causa nos repiten que hay que flexibilizar el despido y mantener la moderación
salarial para mejorar la competitividad de las empresas, a la vez que muestran
su terrible preocupación por el futuro del sistema público de pensiones.
Se podrá argumentar que estas grandes
indemnizaciones, (que por supuesto no son exclusivas del sector empresarial y
ahí tenemos las escandalosas percepciones de muchos deportistas), luego pasan
por el tamiz de Hacienda y pagan altísimos impuestos. Efectivamente esa es la teoría,
lo que sucede es que las grandes fortunas disponen de los mejores equipos de
filibusteros emboscados en grandes firmas de despachos mercantiles, que
asesoran perfectamente para pagar lo menos posible, bien sea con filigranas
legalistas, bien con depósitos en paraísos fiscales u otras modalidades de ingeniería
fiscal, de lo cual tenemos ejemplos un día sí y otro también. Por lo que ni
siquiera nos queda el consuelo de que buena parte de esas indemnizaciones revertieran
en el bienestar social a través de los impuestos.
La otra cara de la moneda son los 25
euros al día de sueldo por diez horas trabajadas, que están cobrando peones en
la recogida de la naranja en algunas zonas de Andalucía. Es decir, 2’5 euros
por hora, no, no es una errata. Y contra esta explotación parece que ni la Inspección
de Trabajo, ni las autoridades locales, ni la judicatura, pueden tomar medidas efectivas.
¿Qué se puede hacer para limitar esas
tremendas desigualdades, en una sociedad en la que la libertad de empresa
permite que estas administren sus recursos como consideren oportuno?
Una profunda reforma fiscal es
imprescindible y urgente y a la vez modificar la legislación mercantil que
impida o al menos dificulte la ingeniera fiscal y las diversas formulas de
fraude. Y desde luego es necesario dotar de medios suficientes y adecuados a la
Agencia Tributaria y a los ámbitos de la judicatura y de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad especializados en la persecución del fraude. Como tampoco vendría
mal establecer algunas normas que hagan incompatible el pago de indemnizaciones
exorbitantes y el acceso a beneficios públicos (ayuda, subvenciones,
desgravaciones) así como la tramitación de expedientes de regulación de empleo.
Tengo mis dudas sobre que un gobierno de
coalición PSOE-Ciudadanos, se atreva a meter mano al tema. Por eso cada vez que
leo estas cosas me dan ganas de seguir
votando a Podemos, claro que a la vista de lo que estamos viendo, me
pregunto si serviría de algo ese voto, mas allá del desahogo.
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