Una propuesta esbozada
por Pedro Sánchez, secretario general del Psoe, sobre la reforma de las
pensiones, ha vuelto a generar una previsible polémica, al hacer referencia a
un nuevo impuesto al sistema bancario para ayudar a la financiación del sistema
público de pensiones.
Algunas observaciones
al respecto. Merece la pena saludar el reiterado interés del PSOE y en especial
de Pedro Sánchez, de abordar cuanto antes un imprescindible proceso de retocar
el modelo de pensiones públicas de nuestro país. Sin embargo, da una cierta
sensación de insuficiente reflexión sobre el alcance de ese posible nuevo
impuesto (que en todo caso es solo una parte, y no la mas importante, de las
propuestas que vienen haciendo los socialistas al respecto), sobre todo cuando
era previsible el revuelo que se va a montar. Cuando se propone una iniciativa
arriesgada políticamente, y establecer un impuesto a la banca sin duda lo es,
los riesgos políticos deben compensar los resultados esperados. Con una banca
como la que tenemos en España y con unos medios de comunicación
mayoritariamente de derechas, hacer esa propuesta para conseguir 800 o 1000
millones de euros, menos del 1% del gasto en pensiones, es realmente poco adecuado.
No es que el sistema financiero no debiera contribuir al bienestar social, más aún
tras las ayudas públicas nacionales e internacionales que ha recibido, es que,
si abres ese melón, al menos que merezca la pena. Y en mi opinión, tal y como
parece estar diseñado, lo merece muy poco.
Para empezar a abordar
el tema, hay que repetir una vez más, que la estabilidad financiera de la Seguridad
Social no es tarea fácil ni económica ni políticamente. La mayoría de las
reformas, o mejor sería decir “contrarreformas” del sistema de pensiones de los
últimos diez años, se ha centrado sobre todo en un recorte del crecimiento del
gasto presente y futuro. Es evidente que sería irresponsable no analizar la
evolución del gasto y afrontar cómo es posible su contención en términos
razonables, sin generar un recorte generalizado presente o futuro: la necesidad
de abordar un mejor tratamiento de pensiones como las de viudedad, creadas en
una época socioeconómica muy diferente a la actual; o la ubicación más adecuada
de prestaciones que tienen mucho más que ver con políticas de apoyo a las
familias o a la natalidad, que con el sistema de pensiones y que por lo tanto
requerirían una financiación diferente a las cotizaciones, situándola
estrictamente vía impuestos.
Pero más allá de
reajustes de cierta importancia en la racionalización del gasto, insisto
siempre sin recortar derechos legítimamente adquiridos tras largos años de cotización,
el centro de atención debería ser la obtención de ingresos.
El crecimiento del
empleo, la mejora de los salarios, y en primer lugar del salario mínimo, y la
lucha contra la económica sumergida y la defraudación en las cotizaciones, son
elementos decisivos para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Sin
embargo, tanto el incremento del empleo como la mejora de los salarios, no se
puede garantizar legalmente de forma eficaz, salvo en lo que se refiere al aumento
del Salario Mínimo, que sí está en manos del gobierno y recientemente se ha
firmado un acuerdo positivo, aunque modesto, al respecto.
En cambio, en lo que se refiere a la persecución de las
diversas formas de fraude en las cotizaciones, la propia Administración de la Seguridad
Social tiene sobrada experiencia, si hay voluntad política en sus máximos
responsables para mejorar su persecución, como se demostró hace 30 años con la
creación e impulso de las Unidades de Recaudación Ejecutiva y otras medidas de
reforzamiento normativo y de medios personales y materiales de la Tesorería de
la Seguridad Social. Seguramente un buen funcionamiento de la represión del
fraude daría a medio plazo muchos mejores resultados que el nuevo impuesto a la
banca anunciado por Pedro Sánchez.
Pero además de esas
actuaciones, hay que afrontar otras vías de incremento de los ingresos.
En mi modesta opinión,
habría que descartar la financiación parcial del sistema de pensiones a través
de aportaciones sistemáticas y estables de los Presupuestos Generales del
Estado. La función redistributiva que tienen los PGE está fuertemente escorada
hacia el apoyo a un segmento de la población, las personas mayores de 65 años,
sobre todo en el ámbito de la sanidad, servicios sociales y dependencia. Dado
el punto de partida de los años 70 y 80, en que ser viejo era sinónimo de
desamparo y pobreza, era imprescindible tal prioridad presupuestaria.
Afortunadamente hoy las personas mayores de nuestro país son las que
globalmente mas han mejorado sus condiciones de vida y han reducido en mucha
mayor medida las situaciones de riesgo de pobreza. Es, por tanto, el momento de
sin perder esos avances, fijar como prioridad la situación de las y los jóvenes.
La adecuada formación educativa y profesional, el acceso a la vivienda, el
apoyo a la inserción laboral, la ayuda a la natalidad y al cuidado de los hijos…deben
ser objetivos fundamentales de las políticas sociales. En definitiva, no se deberían
retraer nuevos recursos de los PGE para sostener el sistema de pensiones.
Hay que afrontar que el
actual modelo de cotización responde a unos criterios ya desfasados, tanto en
lo que se refiere a las cotizaciones empresariales como las de los trabajadores
por cuenta ajena, funcionarios y autónomos. El modelo de cotización debe superar
los criterios tan rígidos y uniformes que les caracterizan y amoldarse a la
enorme diversidad del mercado de trabajo, público, privado y autónomo. A título
de ejemplo, no tiene ya ninguna lógica que proporcionalmente coticen con el mismo
parámetro empresas intensivas en mano de obra y empresas de reducida plantilla y
alta productividad; pequeños talleres o comercios y empresas multinacionales como
Zara, Movistar o el Banco Santander; pequeños autónomos y prestigiosos
profesionales liberales de elevados ingresos…y un amplio etc.
En lo que se refiere a
las cotizaciones de los trabajadores, hay que abordar el peliagudo tema del
incremento selectivo de los tipos de cotización. Más importante que el destope
de las cotizaciones, que hay seguir manteniendo paulatinamente, hay que incrementar
el tipo de cotización a partir de determinado nivel salarial, que bien podría fijarse
desde los 1000 euros mensuales, elevando algunas décimas el tipo, incremento
que iría aumentando progresivamente en la medida que fueran mayores los
ingresos. Incremento del tipo de cotización que podría entrar en vigor de forma
paulatina y que al final podría establecer el tipo máximo de cotización para
los salarios más altos al menos en el 6%; y en función de sus resultados se debería
reevaluar periódicamente.
Es evidente que es una
medida que no caerá bien a todo el mundo, por lo que los sindicatos de clase deberían
implicarse a fondo en su explicación y defensa, bajo la idea de que es mejor
garantizar el futuro de las pensiones con una mayor contribución, redistributiva
y solidaria, durante la vida laboral y evitar los riesgos de recorte futuro.
Estoy convencido de que la mayoría de la gente compartiría este tipo de reforma,
para garantizar el futuro de unas pensiones dignas.
Es evidente que la diversificación
en las cotizaciones hace más compleja la gestión de la Tesorería General de la
Seguridad Social y de los instrumentos de control del mercado de trabajo. Igualmente
es muy posible que un sector empresarial, en connivencia con sus trabajadores
mejor retribuidos, busquen fórmulas para ocultar o camuflar una parte de los
ingresos reales. Sabemos que las Administraciones Públicas por costumbre son
reacias a la diversidad en la gestión y prefieren la homogeneidad, pero con los
enormes avances tecnológicas e informáticos actuales, gestionar bien la
diversidad es posible.
En definitiva, reformar
el sistema de cotización es una vía, solidaria, redistributiva y eficaz, (desde
luego no exclusiva) para incrementar los ingresos del sistema de pensiones. Eso
sí, hay que tener la firmeza y coherencia política y sindical para asumir este
tipo de propuestas, que en todo caso exigirían una ejecución escalonada en el tiempo,
pero que sin duda en lo inmediato levantarían críticas e incomprensión desde ámbitos
oportunistas, demagógicos o simplemente desinformados.
Totalmente de acuerdo. Me parece un artículo excelente. Gracias por escribirlo
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