El profundo egocentrismo que caracteriza
a buena parte de los políticos que viven y/o trabajan en Madrid, les lleva a
mantener aparcado en un cajón el conflicto del proceso independentista en
Cataluña, considerando que antes o después terminará por resolverse. Craso
error, porque la situación no ha cambiado ni tiene viso alguno de cambiar por
el mero transcurso del tiempo.
Si la aprobación de unos muy difíciles
presupuestos para el año 2017 es el reto más urgente del Congreso de los
Diputados, el segundo es abordar la negociación de una solución legal,
realista, viable y con futuro, entre las instituciones del Estado y las
instituciones de Cataluña.
La carencia de mayoría absoluta del PP en
la presente legislatura es una ocasión de oro para terminar con la parálisis,
los errores e incluso las provocaciones, que han caracterizado el gobierno de
Rajoy en relación a la mayoría política y social de Cataluña.
Para comenzar una nueva etapa, lo
primero que habría que hacer es instar a los fiscales que retiraran sin dilación
las actuaciones emprendidas por motivos estrictamente políticos contra
diferentes dirigentes nacionalistas. Ya el Tribunal Constitucional, de forma
harto irresponsable, nos metió a todo el país en un buen embrollo por una
interpretación rígida y obsoleta de la Constitución. No hemos aprendido la lección
y ahora esperamos que el poder judicial resuelva con el garrote penal lo que
los políticos del Estado y de Cataluña no quieren o no saben resolver.
El sobreseimiento de las actuaciones
judiciales contribuiría a sosegar el ambiente y propiciar un clima de
negociación.
En segundo lugar, el Congreso de los
Diputados debería constituir, también de forma inmediata, una Comisión que
abordara un proceso de dialogo con el Parlament de Cataluña, inicialmente para
explorar fórmulas que en el marco constitucional permitieran realizar la
consulta o referéndum, acordando fechas, garantías, campañas de información,
neutralidad institucional, y por supuesto contenido de las preguntas.
La urgencia de esta Comisión esta ligada
a la necesidad de frenar o ralentizar la adopción de medidas legislativas por
parte del Parlament de Cataluña, que después tuvieran más difícil vuelta atrás.
En paralelo la Comisión Constitucional
del Congreso de los Diputados debería iniciar la elaboración de un informe
sobre la necesaria actualización y reforma parcial de la Constitución de 1978,
que contemplara un marco de relaciones entre las nacionalidades y regiones de
España, posiblemente federal y que pudiera ser razonablemente aceptado por una
parte del nacionalismo catalán y en definitiva lograr una nueva mayoría política
y social en Cataluña distanciada del independentismo.
No es tarea fácil. Como no lo era en Canadá
ni tampoco en Gran Bretaña y sin embargo, a través de la negociación, lograron
formulas satisfactorias para la mayoría de la ciudadanía.
Es evidente que en Cataluña (y en el País
Vasco) ha habido siempre un núcleo duro de población independentista, que ha
oscilado entre el 10% y el 20% del electorado y al que ni un referéndum
pactado, ni una reforma constitucional van a satisfacer. Lo que social y
políticamente es insostenible es mantener en cifras que superan los dos tercios
del electorado, los partidarios del derecho a decidir e ignorarlos e incluso
favorecer que entre ellos se incrementen día a día los independentistas.
Debería ser un objetivo compartido el
revertir el independentismo a unos porcentajes plenamente asumibles sin
profundas tensiones, en torno al 20%. Pero para ello hay que moverse y hacerlo rápidamente.
En estos momentos es más que perceptible
un cambio de tono en el nacionalismo moderado, en el partido de Artur Mas y en el
Presidente Puigdemont. No lo dejemos caer en saco roto. Empecemos los
contactos, realicemos gestos de distensión. PODEMOS hace unos días y Pedro Sánchez
hace unas semanas se acercaron a hablar con Puigdemont. Ese es el camino.
Aunque es de temer que el Susanismo y los barones socialistas mas centralistas,
en la nueva correlación de fuerzas del PSOE, acentúen los tics antinacionalistas.
PODEMOS, a su vez, tiene un papel
importante que jugar como intermediario, pero para ello debe también dar
confianza a quienes entre su electorado no terminan de ver claro cual es su
actitud ante el independentismo. En este sentido, vuelvo a llamar la atención
sobre la equilibrada y a la vez clara posición de COMPROMIS.
Y también hay que ganar para la causa de
la negociación a Ciudadanos. Deben comprender que una Cataluña integrada y
cohesionada requiere ceder por ambas partes y que ellos pueden jugar un papel
de oposición constructiva a los nacionalistas. No es fácil, pero hay que evitar
que Ciudadanos cierre filas con la derecha españolista mas rancia.
A su vez el PP debe asumir que los
hechos han demostrado que la política seguida desde el año 2000 y en especial
en la última legislatura, les ha llevado al desastre en Cataluña y a arrojar en
el independentismo a cientos de miles de personas que no lo eran. Y en todo
caso tienen que aceptar que ya no podrán seguir gobernando de la misma manera
que desde finales del 2011.
Una
consideración final. Es urgente mover
ficha por parte de los partidos estatales, porque no podemos olvidar que, aunque con unas características formalmente
muy distintas, el nacionalismo vasco esta preparando sus propias propuestas y
que una vez Urkullu forme su gobierno, algún recado va a mandar al gobierno de
España. Y tener abiertos a la vez dos conflictos de esta envergadura y sin
ofrecer solución alguna, con dos de los territorios más dinámicos, ricos y
modernizados de España, no lo puede asumir una sociedad democrática como la
nuestra.
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