Estamos en la recta final para la presentación
de las declaraciones del IRPF, en las que como sabemos hay una casilla para la
posible asignación del 0’70% para otros fines sociales. En torno a esta cuestión
se ha desatado en los últimos años una cierta polémica, respetable sin duda,
pero en mi opinión no exenta de sectarismo o de desconocimiento.
Hay quienes dicen que marcar esa casilla
es aumentar aun mas la financiación pública a la Iglesia Católica , que ya tiene
otras vías de financiación, por cierto no menores. También se argumenta que con
esas subvenciones del 0’70% los poderes públicos delegan sus responsabilidades
de sostener las políticas sociales en entidades de carácter privado, aunque
sean de índole no lucrativa.
Por mi responsabilidad política en el
INSERSO en la década de los 90, he conocido bien el funcionamiento de las
subvenciones del IRPF a organizaciones sociales. Fue una de las muchas
iniciativas que puso en marcha Matilde Fernández, sin duda una de las ministras
del PSOE con mas profundas convicciones socialdemócratas, para sortear la cerrazón
de los diversos Ministros de Economía de Felipe González, muy reacios cuando no
opuestos a incrementar los presupuestos destinados a los servicios sociales.
Con en aquel entonces 0’52% del IRPF, se consiguieron destinar varios miles de
millones de pesetas anuales a centros, servicios y programas sociales
realizados por las ONGs.
Puede que muchos desconozcan, que aunque
inevitablemente siempre había algunos casos de apoyo especial a entidades en la
orbita socialista (y después lo mismo cuando ha gobernado el PP), las
subvenciones eran sometidas a un rigurosísimo y exhaustivo proceso técnico de análisis
previo y a un posterior seguimiento, control y evaluación. En otras palabras no
se daban al tuntún, todo lo contrario; yo me pasaba muchas horas leyendo
voluminosos expedientes de las solicitudes y debatiendo con mis colaboradores
los pormenores de los programas. Y, después, si no se gestionaban bien se les exigía
devolver la subvención.
Gracias a esa actuación se han podido
desarrollar numerosas iniciativas de índole social, ampliando sustancialmente
la oferta de servicios sociales y mejorando la cobertura de sectores de la
población muy necesitados. Hay que resaltar, además, que uno de los requisitos
para recibir la subvención del 0’52% (después 0’70%) era conseguir otras vías
de financiación pública (de otras Administraciones) o privada, así como
disponer de recursos propios aportados por los miembros de las ONGs. Era lo que
Amalia Gómez, otra defensora de este programa, llamaba “duros interactivos”. Se
generaba, por tanto, una sinergia de recursos muy estimables.
Habrá quien argumente que esa es una
obligación de los poderes públicos. Totalmente cierto. Pero si no se consiguen
esos recursos porque los diversos gobiernos estatales, autonómicos o locales,
se niegan, ¿que les decimos a las muchas decenas de miles de personas que se
benefician del 0’70%? ¿que esperen a que haya un gobierno suficientemente a la
izquierda, suficientemente sensible y suficientemente buen gestor, que pueda
afrontar esa responsabilidad pública? Pues, no.
La otra objeción es que de estas
subvenciones del 0’70%, los principales beneficiarios son entidades religiosas.
No es exactamente así, pero es verdad que tienen un gran peso en el conjunto de
las subvenciones, sobre todo en los programas relacionados con las personas
mayores y la pobreza. Pero que le vamos a hacer, si Caritas, las Hermanas de la Caridad o los Hermanos de
San Juan de Dios, por citar tres de las mas importantes organizaciones
vinculadas a la Iglesia Católica ,
tienen una intensa actividad social y reúnen condiciones inequívocas de
calidad, profesionalidad y buena gestión. Habrá que dárselo a ellas, ¿o les
vamos a penalizar por estar relacionados con la Iglesia ? Esto me sonaría a
anticlericalismo trasnochadísimo.
No soy creyente, pero tengo ojos y
sentido común. Sé lo mucho que ha hecho y hace Caritas. Entre otras cosas lleva
mas de 30 años restregándonos sin descanso
a la ciudadanía española la realidad de la pobreza en nuestro país,
cuando nadie lo hacía. Sus respuestas sociales para los colectivos marginados son
eficaces, rápidas y “baratas”. En relación a las Órdenes Religiosas, yo invitaría
a cualquiera que se diera una vuelta por la residencia de los Religiosos
Camilos en Tres Cantos, en la carretera
de Madrid a Colmenar. Las personas gravemente dependientes que todos
(residencias publicas y privadas lucrativas)
intentan no coger como sea, están allí perfectamente atendidos. Es mas,
las Órdenes Religiosas han sido el sector que mas ha modernizado, mejorado y
profesionalizado su gestión en el ámbito de la atención residencial. Seguro que
hay excepciones, pero con el apoyo de LARES, la organización estatal que montaron hace años, han transformado de
manera muy positiva la atencion a las personas mayores.
Pero además de las organizaciones
religiosas, el 0’70% beneficia a muchas otras organizaciones no gubernamentales
en el ámbito de la discapacidad, de la lucha contra la pobreza, de la
inmigración y el refugio, de la cooperación internacional, de programas de
apoyo a las mujeres victimas de violencia, de enfermos de SIDA, de
expresidiarios, de población gitana marginada….y un largo etc.
Programas solidarios que benefician a
mucha gente y que además generan empleo.
Son razones más que suficientes para que
pongamos la X en la
casilla de otros fines sociales. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo sin
la menor sombra de duda.
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