viernes, 13 de junio de 2014

DECLARACION DE LA RENTA: MARQUEMOS LA CASILLA DE OTROS FINES SOCIALES


Estamos en la recta final para la presentación de las declaraciones del IRPF, en las que como sabemos hay una casilla para la posible asignación del 0’70% para otros fines sociales. En torno a esta cuestión se ha desatado en los últimos años una cierta polémica, respetable sin duda, pero en mi opinión no exenta de sectarismo o de desconocimiento.

Hay quienes dicen que marcar esa casilla es aumentar aun mas la financiación pública a la Iglesia Católica, que ya tiene otras vías de financiación, por cierto no menores. También se argumenta que con esas subvenciones del 0’70% los poderes públicos delegan sus responsabilidades de sostener las políticas sociales en entidades de carácter privado, aunque sean de índole no lucrativa.

Por mi responsabilidad política en el INSERSO en la década de los 90, he conocido bien el funcionamiento de las subvenciones del IRPF a organizaciones sociales. Fue una de las muchas iniciativas que puso en marcha Matilde Fernández, sin duda una de las ministras del PSOE con mas profundas convicciones socialdemócratas, para sortear la cerrazón de los diversos Ministros de Economía de Felipe González, muy reacios cuando no opuestos a incrementar los presupuestos destinados a los servicios sociales. Con en aquel entonces 0’52% del IRPF, se consiguieron destinar varios miles de millones de pesetas anuales a centros, servicios y programas sociales realizados por las ONGs.

Puede que muchos desconozcan, que aunque inevitablemente siempre había algunos casos de apoyo especial a entidades en la orbita socialista (y después lo mismo cuando ha gobernado el PP), las subvenciones eran sometidas a un rigurosísimo y exhaustivo proceso técnico de análisis previo y a un posterior seguimiento, control y evaluación. En otras palabras no se daban al tuntún, todo lo contrario; yo me pasaba muchas horas leyendo voluminosos expedientes de las solicitudes y debatiendo con mis colaboradores los pormenores de los programas. Y, después,  si no se gestionaban bien se les exigía devolver la subvención.

Gracias a esa actuación se han podido desarrollar numerosas iniciativas de índole social, ampliando sustancialmente la oferta de servicios sociales y mejorando la cobertura de sectores de la población muy necesitados. Hay que resaltar, además, que uno de los requisitos para recibir la subvención del 0’52% (después 0’70%) era conseguir otras vías de financiación pública (de otras Administraciones) o privada, así como disponer de recursos propios aportados por los miembros de las ONGs. Era lo que Amalia Gómez, otra defensora de este programa, llamaba “duros interactivos”. Se generaba, por tanto, una sinergia de recursos muy estimables. 

Habrá quien argumente que esa es una obligación de los poderes públicos. Totalmente cierto. Pero si no se consiguen esos recursos porque los diversos gobiernos estatales, autonómicos o locales, se niegan, ¿que les decimos a las muchas decenas de miles de personas que se benefician del 0’70%? ¿que esperen a que haya un gobierno suficientemente a la izquierda, suficientemente sensible y suficientemente buen gestor, que pueda afrontar esa responsabilidad pública? Pues, no.

La otra objeción es que de estas subvenciones del 0’70%, los principales beneficiarios son entidades religiosas. No es exactamente así, pero es verdad que tienen un gran peso en el conjunto de las subvenciones, sobre todo en los programas relacionados con las personas mayores y la pobreza. Pero que le vamos a hacer, si Caritas, las Hermanas de la Caridad o los Hermanos de San Juan de Dios, por citar tres de las mas importantes organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, tienen una intensa actividad social y reúnen condiciones inequívocas de calidad, profesionalidad y buena gestión. Habrá que dárselo a ellas, ¿o les vamos a penalizar por estar relacionados con la Iglesia? Esto me sonaría a anticlericalismo trasnochadísimo.

No soy creyente, pero tengo ojos y sentido común. Sé lo mucho que ha hecho y hace Caritas. Entre otras cosas lleva mas de 30 años restregándonos sin descanso  a la ciudadanía española la realidad de la pobreza en nuestro país, cuando nadie lo hacía. Sus respuestas  sociales para los colectivos marginados son eficaces, rápidas y “baratas”. En relación a las Órdenes Religiosas, yo invitaría a cualquiera que se diera una vuelta por la residencia de los Religiosos Camilos en Tres Cantos,  en la carretera de Madrid a Colmenar. Las personas gravemente dependientes que todos (residencias publicas y privadas lucrativas)  intentan no coger como sea, están allí perfectamente atendidos. Es mas, las Órdenes Religiosas han sido el sector que mas ha modernizado, mejorado y profesionalizado su gestión en el ámbito de la atención residencial. Seguro que hay excepciones, pero con el apoyo de LARES, la organización estatal  que montaron hace años, han transformado de manera muy positiva la atencion a las personas mayores.

Pero además de las organizaciones religiosas, el 0’70% beneficia a muchas otras organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la discapacidad, de la lucha contra la pobreza, de la inmigración y el refugio, de la cooperación internacional, de programas de apoyo a las mujeres victimas de violencia, de enfermos de SIDA, de expresidiarios, de población gitana marginada….y un largo etc.

Programas solidarios que benefician a mucha gente y que además generan empleo.


Son razones más que suficientes para que pongamos la X en la casilla de otros fines sociales. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo sin la menor sombra de duda.

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