GRAN BRETAÑA EN LA UNION EUROPEA: UN NECESARIO MAL ACUERDO

Desde su ingreso en 1973 en la entonces Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña ha sido un socio incómodo y perturbador. Es algo conocido y que obedece a causas que tienen hondísimas raíces en la tradición  política de ese estado y que se pueden entender a poco que se conozca la historia. Los británicos, con una larga trayectoria imperialista, sin embargo han sufrido notables y repetidos acosos desde la Europa Continental. Todas sus grandes potencias, España, Francia, Alemania, han pretendido invadir y dominar las Islas Británicas y en la historia de Europa han sido frecuentes las alianzas políticas contra Gran Bretaña, como también es una realidad que en las dos guerras mundiales del siglo XX, Gran Bretaña recibió la mayor ayuda de los Estados Unidos..

Es por ello que en la sociedad  británica coexisten tres sentimientos diferenciados: quienes apuestan por el aislamiento y la plena autosuficiencia, quienes consideran su mejor e incluso único aliado a los Estados Unidos y los que comparten la necesidad de estar vinculados con el resto de Europa. Los sucesivos gobiernos británicos, más los conservadores que los laboristas, se han caracterizado a menudo por poner dificultades a cada propuesta o tratado de la Unión que suponía un avance en la integración económica, social y política y de hecho en determinadas cuestiones consiguieron un trato especial para Gran Bretaña. El dato más significativo fue el rechazo a su inclusión en el euro y por tanto su no supeditación a los acuerdos de la política monetaria de la llamada “eurozona”.

Si la desconfianza británica hacia el continente está muy arraigada, tampoco se quedan cortos los sentimientos en sentido contrario. No podemos olvidar que el General De Gaulle vetó durante largos años la entrada de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea y hasta que no dejó el poder no se pudo desbloquear la solicitud inglesa de integración.

Por tanto el famoso “Brexit” o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea no es producto de un malestar coyuntural ni un reflejo del proamericanismo exacerbado del Partido Conservador y de hecho hay sectores de este partido marcadamente europeistas, como también hay laboristas reticentes a la presencia en la Unión Europea. A todo ello se añaden los estrechos lazos del capitalismo ingles con el norteamericano, que nunca ha sido muy favorable a la Unión Europea, sobre todo al proceso de transformación de un mero Mercado Común a un proyecto de unidad política mucho más ambicioso, que podría competir seriamente y en mejores condiciones con la hegemonía norteamericana. Así que las cosas son más complejas de lo que a primera vista pueden parecer. 

A la hora de analizar las negociaciones entre el gobierno de Cameron y la Comisión Europea y el Consejo de Jefes de Gobierno, lo primero que deberíamos tener presente es la enorme importancia política y económica de Gran Bretaña y las consecuencias nefastas que tendría para la construcción del proyecto de la Unión Europea la salida de los ingleses. Europa sin Gran Bretaña sería mucho más frágil política y económicamente frente a Estados Unidos, Rusia o China. Ello explica como en el pasado la Unión Europa accedió, de una u otra forma, a las diversas presiones británicas para ralentizar el proceso de integración de la Unión Europea.

Por tanto, ¿cómo valorar el acuerdo al que se ha llegado? No es un buen acuerdo, ya que supone un paso atrás en el camino de la construcción política de la Unión Europea; supone un trato privilegiado a Gran Bretaña y de nuevo sienta un mal precedente de cara a otras posibles exigencias de otros estados de la Unión. Pero si la consecuencia de ese acuerdo y ese trato privilegiado es que en el próximo referéndum gana el sí a la permanencia en la Unión, habrá merecido la pena el peaje pagado. Por el contrario, una ruptura entre la Unión Europea y Gran Bretaña, habría debilitado política y económicamente a la Unión Europea, habría alentado las crecientes tendencias nacionalistas y antieuropeístas que existen en bastantes países de la Unión y habría reforzado el polo anglonorteamericano, en un momento muy delicado en el que se esta negociando el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión), que es una apuesta de enorme trascendencia para el futuro de Europa.

 

Ha habido analistas en España y fuera de nuestro país que han puesto el grito en el cielo, por lo que consideran graves concesiones al gobierno de Cameron y utilizan expresiones dramáticas sobre el futuro de la Unión Europea. Me da la impresión de que algunos reducen la historia de Europa a lo que ellos han vivido desde que tienen uso de razón (algo parecido a lo que sucede con algunas visiones críticas de nuestra transición política).

Lo he escrito muchas veces y no me cansare de hacerlo. Revertir al menos diez siglos de enfrentamientos nacionales, económicos, religiosos, étnicos, en tan solo unas pocas décadas, es una hazaña titánica, impensable hace tan solo 70 años. Creer que por arte de magia se iban a disolver intereses contradictorios, resentimientos, hostilidades, odios, generados y en muchos casos cultivados durante cientos de años, es desconocer las identidades culturales sobre las que se han ido creando las naciones de Europa. Afortunadamente tuvimos en el pasado líderes europeos que supieron mirar al futuro, negociar y pactar, superando los millones de muertos muy recientes que les separaban.

Pero la grandeza y la visión de aquellos dirigentes, de derechas y de izquierda, y su intenso voluntarismo, no siempre fue seguido, al menos a la misma velocidad, por sus conciudadanos. La construcción Europea es un proyecto complejísimo (no hay más que ver la que tenemos liada en España con las tensiones independentistas, tras bastantes siglos de convivencia), que llevará su tiempo, que no se puede forzar inadecuadamente, y que lógicamente cuanto más se avance en políticas de integración, mayores serán las resistencias, explicitas o implícitas de gobiernos, fuerzas políticas y sectores sociales.  

Como diría Lenin, confío en que la Unión Europea con este acuerdo con Gran Bretaña hoy haya dado un paso atrás para mañana dar dos pasos adelante. Esperemos que los europeistas británicos, y en especial los laboristas y los sindicatos, actúen inteligentemente ante el referéndum y ganen la permanencia.

NEGOCIAR SIN VETOS NI EXCLUSIONES

Hay cuestiones que son “perogrulladas”. La negociación de un acuerdo político se entiende que se produce cuando existen pluralidad y diversidad de propuestas, diferencias y divergencias en los objetivos, plazos y medios. Cuando hay igualdad de opiniones, no hace falta negociar. Por ello sorprenden algunos posicionamientos tajantes que se están produciendo en el actual proceso de negociación política para la posible investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de progreso.

Quizás lo peor de todo hayan sido los vetos cruzados y excluyentes entre Podemos y Ciudadanos. Mas radical el de Podemos a Ciudadanos, al descalificar a estos últimos como incompatibles con un gobierno de cambio progresista. Mas limitado el de Ciudadanos, al centrar su veto sobre todo por la propuesta del derecho a decidir de Cataluña que formula Podemos.

En relación a Ciudadanos, no comparto en absoluto ese lugar común que se esta manejando desde muchos sectores de la izquierda de que estamos ante la “marca blanca” del PP; algo que resulta insostenible y como muestra el interrogatorio que le hizo el diputado autonómico de este partido a Esperanza Aguirre, en su comparencia en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Hace ya años que vengo defendiendo que Albert Rivera y Ciudadanos no se pueden asimilar a la derecha, ni siquiera a una derecha civilizada. Es algo más complejo.

Es cierto que algunas de sus propuestas en materia económica y laboral están más cerca del pensamiento neoliberal que de las posiciones progresistas. Como también es verdad que su antinacionalismo, que en todo caso han ido limando y matizando paulatinamente, esta mucho más cercano a la derecha que a la izquierda. Pero hay otros muchos elementos, política social, regeneración democrática, reforma electoral, etc. que están mucho más en el ámbito progresista que en el conservador.

Y sobre todo Ciudadanos, salvo alguna excepción, es un partido de centro que ha nacido sin herencias ni vinculaciones con el pasado franquista, algo que no se puede decir del PP. Es un partido de clases medias profesionales nacidos en su inmensa mayoría desde la transición. Que algún día y esperemos que pronto, Ciudadanos sustituya al PP en la hegemonía política del centro derecha de nuestro país, sería una buenísima noticia.

Mientras tanto Ciudadanos pueden y debe ser un interlocutor valido y necesario para generar mayorías reformistas y progresistas en España, como en otro orden de cosas también lo podría ser el PNV. Por ello me parece un gran acierto táctico y estratégico que Pedro Sánchez haya abierto la negociación a fondo con Ciudadanos. Al final conseguirá o no el acuerdo de investidura o incluso el acuerdo de legislatura y de gobierno, pero esa actitud es coherente con el respeto a la pluralidad y diversidad de la sociedad española y entre otras cosas evitará que Ciudadanos se eche en brazos del PP y consolide un polo de derechas mayoritario en España.

En lo que se refiere al veto a Podemos, no solo de Ciudadanos, sino de una parte de la dirección actual y pasada del PSOE, jaleada de manera escandalosa por casi todos los medios de comunicación y de manera destacada por “El País”, es cierto que Pablo Iglesias (cuestión distinta es el caso de Iñigo Errejón e incluso de Carolina Bescansa), no es un prodigio de buenas maneras ni mucho menos y con frecuencia se pasa de altanero, aunque tampoco se quedan a la zaga personajes como Alfonso Guerra o Felipe González.

Pero mas allá de actitudes personales, que en nada ayudan a las posibles negociaciones y que hasta pueden hacer dudar de la autentica voluntad de encontrar acuerdos, hay que ir a la esencia de las propuestas de Podemos. Si alguien hace dos años hubiera pensado que el programa de Podemos iba a tener un coste en “toda”, y subrayo lo de “toda”, algo inferior a los 100.000 millones de euros, se hubiera quedado de piedra, cuando en aquellos tiempos tan solo su propuesta de renta básica superaba los 200.000 millones. Es verdad que la propuesta de gastos no es poca cosa (la que hace dos semanas en mi blog yo consideraba como muy razonable, se situaba en torno a los 25.000-32.000 millones de euros) y también es verdad que sus propuestas de fuentes de financiación son bastante voluntaristas, al menos en el corto plazo. Pero es una primera propuesta ya muy concreta  y nadie en su sano juicio debería pensar que Podemos, para empezar a negociar, iba a presentar un programa de “mínimos” similar al del PSOE.  

Es un programa se supone que “negociable” (y ellos así lo han presentado), que una vez discutido, pulido y acotado, en muy buena medida puede ser asumido por el PSOE y hasta por Ciudadanos. Es verdad que hay otros aspectos mucho más difíciles de acordar. Unos son de carácter mas anecdótico, como p.e. querer hacerse cargo del CIS, del CNI o del BOE (los dos primeros tienen su lógica partidista, quieren controlar “los espías” y las encuestas, lo tercero refleja un desconocimiento de lo que es el Boletín Oficial del Estado, pero tampoco es grave). Otras diferencias son mucho más relevantes, sobre todo el derecho a decidir para Cataluña. Lo he escrito ya más veces y vuelvo a insistir; la búsqueda de una solución al conflicto político en Cataluña puede articularse de muchas maneras y en el ámbito de la izquierda, incluido el PSOE, hay muy buenos juristas y constitucionalistas para encontrar una formula jurídica, respetuosa con la legalidad constitucional y sensible con la realidad existente en Cataluña (y en el País Vasco, no lo olvidemos). En definitiva “el derecho a decidir” se puede modular de diversas maneras, de forma que satisfaga, total o parcialmente, a la mayor parte de las fuerzas políticas. 

Personalmente prefiero un gobierno más a la izquierda, de PSOE, Podemos e IU, pero tampoco me repugna un gobierno que cuente con el apoyo de Ciudadanos y en definitiva posibilidades de acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos (además de IU y Compromis), haberlas haylas, eso sí se requiere negociar, transigir, obtener y también renunciar, como p.e. hacen los sindicatos de clase cuando negocian un convenio colectivo con la patronal.

Por tanto, dejémonos de vetos cruzados y actitudes excluyentes;  aquí el único veto debería ser que no se repitan las elecciones. En este sentido hay que saludar y valorar muy positivamente la actitud negociadora de IU y de Compromis, que están dando claras muestras de madurez y responsabilidad política.

NUESTRA DEMOCRACIA SÍ FUNCIONA

En medio de tantas malas noticias e incertidumbres en España y a nivel internacional, también hay importantes acontecimientos que nos deben animar y satisfacer, incluso cuando son consecuencia de graves quebrantos de la ley.

En estos mismos días un miembro relevante de la familia real, dos expresidentes de gobiernos autonómicos, uno de ellos con largos años en el poder y personaje referencial para muchas personas  y un vicepresidente económico y exdirector del FMI, están compareciendo ante la Administración de Justicia, como procesados o imputados y sobre ellos penden solicitudes de condena de indudable trascendencia. Además, dos expresidentes y varios consejeros del gobierno andaluz se encuentran inmersos en actuaciones judiciales y en el conjunto del país decenas de cargos públicos y responsables políticos, en activo en la actualidad o hasta hace poco, están en la cárcel, procesados, imputados o investigados. Y como remate, la Guardia Civil, que política y administrativamente depende del gobierno, registra y realiza diversas actuaciones contra el partido gobernante.

La botella se puede ver como medio vacía, por lo que supone de extensión de las diversas formas de corrupción, pero yo también quiero verla como media llena, reflejo del funcionamiento impecable e implacable de dos instituciones democráticas tan importantes como el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad (lo que en términos clásicos los marxistas considerábamos dos decisivos aparatos del estado).

Al igual que en el pasado los comportamientos ilegales de políticos y responsables de diversas administraciones en la lucha contra el terrorismo o las irregularidades ilícitas cometidas por altos cargos del poder económico (lo que se denominaba la “beautiful people”), fueron sancionados penalmente y muchos de ellos terminaron entre rejas.

Con todas sus limitaciones, con contradicciones, con tardanzas, nuestra democracia funciona. Contemplar en la televisión la cara de la Infanta Cristina sentada en el banquillo, la entrada de la Guardia Civil en la sede del PP, partido del gobierno, o que el exhonorable Jordi Pujol tenga que “venir a Madrid” a declarar sobre su sorprendente fortuna, es algo que era inimaginable para los que vivimos la dictadura y la transición democrática.

Es verdad que simultáneamente estamos asistiendo al juicio a 8 sindicalistas de la empresa Airbus, por su participación en un piquete de huelga o que todavía hay decenas de sindicalistas procesados por su participación en las últimas huelgas generales. Pero ello, siendo absolutamente injusto, no puede desmerecer lo que representa las referidas actuaciones judiciales o policiales.

Es evidente que nuestra legislación, especialmente en materia penal, mercantil y administrativa, en determinados aspectos va por detrás de las necesidades de una sociedad compleja como la nuestra, con nuevas formas de actuación delictiva o irregular. También es cierto que las vías de composición del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Constitucional dejan espacio a la discrecionalidad y manipulación política. La propia Fiscalía del  Estado arrastra una excesiva dependencia del poder político, que a veces se traduce en una cierta laxitud o lentitud en la persecución de actividades delictivas de profundas o poderosas ramificaciones.

El futuro gobierno debería afrontar las necesarias reformas al respecto, incluyendo algunos retoques en la propia Constitución; como también seguir fortaleciendo la profesionalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero en todo caso debemos ser conscientes que estamos ante la medula de lo que antes me refería como poderes y aparatos centrales del estado y que tanto en España como en las sociedades democráticas más avanzadas y consolidadas, su pleno y satisfactorio funcionamiento democrático no es una tarea fácil.

Mientras aguardamos esos retos reformadores que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, debemos felicitarnos de que los instrumentos de la democracia, a pesar de los pesares, están actuando razonablemente bien en nuestro país.         

JAIME SARTORIUS: COHERENCIA, HONESTIDAD Y SENTIDO COMUN

El viernes por la tarde, cerca de 300 amigos y amigas, mejor dicho de admiradores y admiradoras, realizamos un homenaje a Jaime Sartorius, abogado, comunista, luchador por la libertad y persona esencial en las duras y difíciles negociaciones de la Transición democrática.

El acto terminó con una emotiva intervención de Jaime, recordando y recorriendo someramente su larga y fecunda trayectoria vital y política. Nos volvió a quedar de manifiesto la coherencia de sus más de 75 años de vida y cómo en esencia hoy sigue teniendo el mismo compromiso y sentimientos que cuando en 1961 en la Facultad de Derecho se integró en el  Frente de Liberación Popular.

Conocí a Jaime en el otoño de 1971, al entrar en la célula de abogados del Partido Comunista de España en Madrid. Entonces no llegábamos a 25 y nos reuníamos o en algún despacho o en la casa de Cristina Almeida. Jaime era de la generación intermedia, por encima de los que habíamos salido en los últimos años de la Universidad y estábamos muy influidos por el Mayo Frances de 1968 y por debajo de quienes a finales de los años 50 crearon la organización de los abogados comunistas.

Aunque pueda parecer sorprendente, en aquella célula, mas allá de la identificación genérica con la política del PCE,  había una enorme pluralidad de opiniones y una absoluta libertad de expresión, incluyendo críticas muy contundentes a los máximos dirigentes que de vez en cuando asistían a nuestras reuniones y muy en especial Simon Sánchez Montero o Jaime Ballesteros.

Los más jóvenes éramos los más izquierdistas y a veces los más impertinentes. Jaime, que solía estar siempre por su capacidad y experiencia política en el Comité de dirección de la célula, mantenía siempre actitudes moderadas, era lo que podríamos llamar un eurocomunista en estado puro, antes que Carrillo y Berlinguer adoptaran esa denominación años después. Los jóvenes solíamos ser  críticos con las posiciones de Jaime y él desde el respeto y la tolerancia hacía auténticos esfuerzos para convencernos.

Con la perspectiva que dan los años, tengo que decir que los planteamientos de Jaime se demostraron los mas adecuados, por una sencilla razón, porque Jaime además de ser eurocomunista, tenía unas enormes dosis de sentido común.

Su papel fue determinante para que los abogados comunistas marcáramos la pauta en las luchas de la oposición democrática en el Colegio de Abogados. Jaime sabía negociar, no en solitario, pues le acompañaban Antonio Rato, Diego Carrasco, Manolo López, José María Pariente, José Luis Núñez, y más tarde Manuela Carmena o Cristina Almeida. Y había que tener mucha cintura política, mucha capacidad de aguante, saber distinguir lo fundamental de lo accesorio, para vérselas con personajes como José María Gil Robles, Jaime Miralles, Satrustegui, Areilza, Pablo Castellano o Peces Barba, que no simpatizaban precisamente con los comunistas y la mayoría de los cuales tenían el colmillo más que retorcido.

Los jóvenes que veíamos a Gil Robles como el demonio que había jugado un papel fundamental en la aniquilación de la 2ª Republica, tuvimos que aceptar, sorprendidos, la presencia del viejo dirigente derechista como abogado de los lideres de CCOO en el juicio 1001; algo que fue posible entre otras cosas por el trabajo de Jaime y de algunos otros camaradas.

Ah y hay que recordar que en aquellos momentos Jaime aun andaba por la treinta y pocos años.

En el periodo 1976-1978, Jaime volvió a desempeñar un papel  decisivo en la defensa y negociación de las posiciones de los comunistas en materias tan importantes como la legalización de CCOO y del PCE, los Pactos de la Moncloa o la Ley de Amnistía.

En 1981 a Jaime le expulsamos del PCE, los intransigentes que no quisimos o no supimos ser tan eurocomunistas dentro como fuera del Partido. Cometimos un tremendo error, que pagamos muy pronto con la debacle electoral de 1982. Jaime, a diferencia de bastantes otros, no se fue a las acogedoras filas del PSOE; le hubieran recibido con los brazos abiertos y seguro que hubiera tenido puestos de responsabilidad en los gobiernos de Felipe González o en las candidaturas socialistas a las Cortes.

Jaime mantuvo su coherencia y siguió donde siempre, colaborando de manera crucial en la creación de Izquierda Unida. Cuando en los tiempos de Julio Anguita, la organización derivó en una política de antisocialismo extremo, que Jaime no compartía en absoluto, participó en la creación de Nueva Izquierda. Años después, esta organización de cuadros, heredera emblemática del eurocomunismo puro, se integró formalmente en el PSOE, aunque hubo quienes no lo hicimos. Jaime, una vez mas dio muestras de coherencia y no dio ese paso.

Jaime se ha mantenido hasta hoy en ese difícil espacio, huérfano organizativamente, de quienes han deseado la colaboración política de las izquierdas, mas allá de las divergencias que mantenía con la evolución radical de sectores de IU y con el abandono de la socialdemocracia de importantes dirigentes del PSOE. Jaime sigue creyendo que es posible la unidad de acción y colaboración de las fuerzas progresistas para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la desigualdad social.

Y una tercera característica de Jaime, a destacar especialmente en estos tiempos, es su honestidad. Nacido en una familia de raigambre aristocrática, optó desde joven por la defensa de los pobres, de los perseguidos, de los trabajadores. Podía haber hecho buenos negocios, realizar una bien remunerada carrera profesional, aprovechar sus numerosas e importantes relaciones, y no fue por ese camino. Más aún promovió uno de las iniciativas más hermosas y mas ruinosas de la izquierda, como fue la edición del semanario “La Calle”, que intentó dar continuidad a la experiencia de “Triunfo”, pero que incómoda para muchos fue dejada caer.

Estoy convencido que si hoy le propusieran  negociar la articulación de ese gobierno progresista que necesitamos, sería capaz de superar las intransigencias, los exclusivismos, los desplantes, la soberbia, etc. de algunos de los principales protagonistas y lograr ese acuerdo. Sus armas serían, como siempre, la coherencia, la honestidad y el sentido común.

  

PACTO DE GOBIERNO PROGRESISTA: UN COSTE DE 25.000 MILLONES DE EUROS

Después de casi 39 años de democracia, quien más quien menos sabemos que los programas, los compromisos, los documentos, los planes, incluso las leyes, etc. si no tienen detrás la memoria económica, la propuesta de financiación, dónde y cómo se van a generar los recursos y cuáles van a ser los plazos de ejecución, sirve para poco o mejor dicho sirve para generar frustración cuando se incumplen.

De ahí que resulte fundamental concretar al máximo cuánto va a costar el pacto de investidura y sobre todo cuál será la forma de pago.

Si partimos de la realidad de que el pacto va a ser difícil, que la legislatura podría no ser muy larga, que en el mejor de los casos va a haber gobierno dos terceras partes de este año y que tenemos obligaciones ya vencidas de recorte de déficit  por importe de unos 10.000 millones de euros, llegaremos a la conclusión de que habrá que afinar mucho y fijar muy bien las prioridades.

La primera papeleta que va a tener encima el nuevo gobierno es la reducción del déficit publico, que como ya he señalado se estima en unos 10.000 millones de euros, pero que puede ser algo más, en función de las sorpresas que haya dejado el Ministro Montoro en su despacho y algunas otras que pudieran aparecer en diversos gobiernos autonómicos. Es cierto que el nuevo gobierno puede tener argumentos para negociar con la Unión Europea una mayor flexibilidad en la reducción del déficit y que en lugar de 10.000-12.000 millones, se pueda quedar en 5.000-7.000 millones. Pero no olvidemos que lo que se pueda retrasar en este año, habrá que sumarlo a las reducciones de déficit de los próximos 2017 y 2018...

En segundo lugar hay que hacer frente  varias medidas urgentes de índole social: lucha contra la pobreza severa, atención a la dependencia e incremento de la cobertura de los parados de larga duración.

Los cálculos estimados en su día por CCOO para la implantación de un sistema estatal de rentas mínimas, que pudieran cubrir paulatinamente 700.000 hogares sin  ingresos, podrían tener un coste en torno a 3.000 millones de euros/año, cuando estuviera razonablemente desarrollado. A su vez la recuperación del proceso de aplicación del nuevo Sistema de atención a la Dependencia, revirtiendo los recortes establecidos en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y sobre todo por el gobierno de Rajoy, exigirían una aportación adicional por la Administración General del Estado en torno a los 2.000 millones de euros. Por ultimo, incrementar moderadamente la cobertura de desempleo de los parados de larga duración, podría exigir un gasto en desempleo adicional en torno a 3.000-5.000 millones de euros/ año, al menos mientras la tasa de desempleo se sitúe por encima del 12%-15%.

En tercer lugar, hay que afrontar el proceso de reversión de los recortes en educación y asistencia sanitaria, en la doble vertiente de mejora de los equipamientos y mejora de la dotación y condiciones de los profesionales. Aquí las estimaciones pueden ser diversas, en función del calendario de recuperación de los niveles de calidad y universalidad de antes de los recortes. Sin duda una cifra muy razonable y moderada podría situarse en un esfuerzo adicional en torno a 5.000-7.000 millones de euros en cada uno de los próximos años, aunque fuera de forma escalonada.

Por ultimo, resulta de una evidente urgencia, retomar la senda de crecimiento del gasto público en I+D+I, que se inició en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, que después sufrió un severo frenazo, para terminar con un retroceso en la legislatura del PP. Incrementar un 0’5% del PIB en esta materia, imprescindible para mejorar la competitividad de nuestra economía, nos acercaría algo más a la media de los estados más desarrollados y eso requiere un gasto adicional en torno a 5.000 millones de euros, aunque también pudiera tener un proceso paulatino en dos o tres años.

En definitiva nos estamos moviendo en una horquilla de necesidades de gasto adicional entre 15.000 millones de euros y 22.000 millones de euros; la primera cifra podría ser menor en el año 2016, en función de cuando empiece a estar operativo el nuevo gobierno y la segunda cifra sería el escenario previsible para el año 2018.   

Y a ello habría que añadir a efectos de disponer de ingresos adicionales, la cuantía necesaria para cumplir la reducción del déficit que se pactaría con Bruselas, entre 5.000 millones de euros y 12.000 millones de euros.

No voy a ser tan frívolo como decir que conseguir unos ingresos adicionales totales de 20.000 millones de euros en un primer periodo y 34.000 millones de euros en una segunda fase, es calderilla. Ni mucho menos, pero es una cuantía asumible dado que estamos hablando de un crecimiento de los ingresos públicos del 2%-3% del PIB, que todavía nos colocaría claramente por debajo de la media de la Unión Europea. Sin olvidar que el gasto social propuesto se traduciría de manera inmediata en más consumo y más empleo.

Dicho esto, hay que tener presente que hay tres vías de conseguir los referidos ingresos adicionales: vía incremento de la recaudación fiscal, reducción de la maraña de subvenciones, exenciones y bonificaciones diversas y a través de revisión y reasignación de gastos.

Es evidente que la primera vía, la mas importante y eficaz, no es automática ni rápida; requeriría una reforma fiscal progresiva que habría que pactar con un amplio espectro de fuerzas políticas y que en el mejor de los casos llegaría para el año fiscal del 2017. Es cierto que antes se podrían incrementar algo los ingresos fiscales con una mayor eficacia de la Agencia Tributaria en la persecución de las diversas formas de fraude fiscal.

La revisión de exenciones y bonificaciones, subvenciones etc., que en sí tiene efectos más rápidos de ahorro de gasto fiscal, sin embargo hay que hacerlo con cuidado para evitar efectos indeseables de deslocalización de empresas o de inmersión en la economía sumergida de determinadas actividades. Estas revisiones deben ser muy bien explicadas a la opinión publica y por supuesto a los directamente afectados (empresas, autónomos, etc.) para neutralizar las campañas de diversa índole que sufriría el nuevo gobierno en el momento que empezar a retirarlas.    

Por ultimo la revisión y reasignación de gastos del ámbito público, en la que se debe distinguir aquellos gastos que hay que suprimir por “decencia democrática”, pero de escasa incidencia presupuestaria (p.e. los coches oficiales), de los gastos que realmente no son prioridades para el buen funcionamiento de las administraciones publicas, los servicios públicos de carácter social y las políticas publicas y que sí tienen un serio impacto presupuestario. La supresión o integración de organismos de las Administraciones Públicas, y no solo en la Administración General del Estado, la modernización, informatización, racionalización y optimización  de servicios, o el reajuste de inversiones publicas no suficientemente justificadas, requieren sobre todo firmeza y decisión política y complicidad social. Esta revisión y reasignación de gastos, tampoco surte efectos inmediatos, pero a medio plazo supondría una mejora notable del gasto público.

Así pues nos movemos entre dos polos. Por un lado la urgencia de acometer moderadamente nuevos gastos sin incrementar el déficit y además reduciéndolo y por otro la constatación de que la financiación de los mismos requiere un calendario realista de consecución.

En definitiva el pacto progresista tiene un coste económico de alrededor de 25.000 millones de euros. Cifra que puede ser asumida por el PSOE, PODEMOS, IU, Ciudadanos y el PNV.

Cuestión distinta son otras vertientes políticas del Pacto: reforma puntual de la Constitución, reforma de la ley electoral  y lucha contra la corrupción. Pero la inmensa mayoría de nuestra sociedad lo que esta esperando es precisamente que se afronten de manera rápida los problemas sociales que les afectan en su vida cotidiana y no hay escusa que valga para no hacerlo ya.